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domingo, 16 de abril de 2017

CGT denuncia que la Junta permite «la impunidad a los delincuentes medioambientales»

 
9 meses después el Delegado Territorial de Burgos, Baudilio Fernández-Mardomingo, mantiene sin cubrir la plaza del personal que se encarga de incoar expedientes sancionadores que están prescribiendo

15 abril 2017

«La Junta de Castilla y León ofrece la impunidad a los delincuentes medioambientales». Así titula el sindicato CGT la nota en la que informa de que después de más de 9 meses el Delegado Territorial de Burgos, Baudilio Fernández-Mardomingo, sigue dejando desamparados a los agentes medioambientales y al patrimonio natural de la provincia.

Y es que, según CGT, desde junio de 2016, el Servicio Territorial de Medio Ambiente tiene abandonadas todas sus competencias jurídicas en materias tan críticas como montes, vías pecuarias y evaluación de impacto ambiental, ya que desde entonces no ha habido por parte de la Junta ninguna intención de cubrir este puesto de trabajo que, hasta ese momento, estaba cubierto.

«Curiosamente este puesto se ocupa de la incoación de todos los expedientes sancionadores relativos a infracciones previstas en las materias arriba descritas, así como de la resolución de expedientes sancionadores incoados por todo tipo de infracciones. Con lo que desde entonces todo el trabajo realizado respecto a la vigilancia y control de conductas indeseables en el medio ambiente por parte de los Agentes se ha quedado en un cajón», denuncia la organización sindical antes de llamar la atención sobre las consecuencias: «Cientos de denuncias realizadas tanto por los empleados públicos de la administración autonómica como de otras instituciones como el SEPRONA, estén prescribiendo por la no apertura de los correspondientes expedientes sancionadores o que caduquen también cientos de expedientes sancionadores ya abiertos de muchas denuncias relacionados con estas materias, tales como: aprovechamientos abusivos, invasiones de vías pecuarias, impacto ambiental… y sobre todo los temidos incendios forestales que están devastando todos los veranos nuestra provincia».

«Estamos recibiendo quejas de los agentes medioambientales al comprobar que parte de su trabajo, necesario pero ingrato, no sirve para nada ante el silencio prolongado de una administración que no está haciendo bien su trabajo. Además temen, ya que se produjo una circunstancia idéntica en el 2006, que se produzca un repunte de delitos medioambientales tan graves como los incendios forestales por el mensaje que se transmite a los ciudadanos de impunidad y dejadez», explica CGT antes de recordar que «tanto el Secretario General de la Consejería de Medio Ambiente como el Delegado siguen callados, puesto que ni si quiera han contestado a un escrito, que fue presentado por los representantes sindicales de CGT hace más de tres meses en la Junta de Personal de Funcionarios de Burgos y enviado por ésta, en el que se les conminaba de manera urgente a la cobertura del puesto para impedir la prescripción y la caducidad de los expedientes abiertos a raíz de las denuncias de los funcionarios públicos».

CGT no entiende esta «negligencia que tanto daño hace al patrimonio natural»: «Llegamos a la conclusión que se enmarca dentro de una estrategia correctamente política, con la que la Junta de Castilla y León informa a los ciudadanos de la importancia de la conservación y restauración de nuestro medio ambiente mientras en realidad se comprueba que no tienen ningún interés en perseguir a aquellos que nos dañan a todos».

viernes, 14 de febrero de 2014

Represión y resistencia


 Liberty Cravan

Desde el poder se analizan al detalle las estrategias represivas para parar los pies a los movimientos sociales. En consecuencia, los modelos represivos no son estáticos, van variando con el tiempo, se prueban nuevas tácticas, varían los objetivos… Desde abajo, sin embargo, carecemos de análisis sobre las hostias que nos van cayendo cada vez con mayor frecuencia y somos prácticamente incapaces de adaptar nuestras estrategias antirrepresivas. Repetimos esquemas que son bien conocidos por el poder y acabamos tirando más de corazón que de cabeza para responder a los golpes, con los consiguientes problemas que eso supone: acabamos con más detenidos, perdemos apoyos y nos aislamos. Debemos recuperar un análisis y un debate sobre la represión: Sobre quién se está volcando esta, cómo nos afecta, cómo podemos responder, en qué fallamos… Sirva este texto como unas pinceladas básicas que puedan llevar a un debate colectivo referente a cómo enfrentar la represión.

La represión es una estrategia en contra de los movimientos sociales con un triple objetivo: Amedrentar, desgastar y aislar.

La represión extiende el miedo

Es la relación más directa y que tenemos mejor analizada. Es lo que lleva al poder a endurecer el código penal o generalizar las multas. Las condenas son ejemplarizantes. Los antecedentes caen como losas sobre personas movilizadas, que de repente sienten reparos incluso para acercarse a una manifestación. Las multas, una forma de represión casi invisible, nos ahogan económicamente.

Frente a esto solo podemos oponer una fuerte solidaridad y una conciencia de obtención de resultados con nuestras acciones. Hay que conseguir que las personas reprimidas no se sientan solas. Eso, unido a que consideren que su acción sirve realmente de algo, es la mejor forma de evitar la desmovilización. Una persona que se gana una multa por algo que cree que no ha merecido la pena, o que luego se demuestra como inútil, tiene más posibilidades de acabar desmovilizada que una persona que, incluso siendo reprimida con mayor dureza, acaba viendo su actuar como algo que ha tenido trascendencia, algo que ha merecido la pena. Ahí juega un papel importante nuestra capacidad, nuestra inteligencia, nuestra constancia en las luchas. Se trata de combatir el cansancio y la sensación de derrota que quieren transmitirnos desde el poder y cambiarla por otra, de fuerza y capacidad.

También hay que evitar, en las acciones solidarias, que la represión se extienda, que haya nuevos detenidos o más multas. Las acciones de solidaridad no tienen que ser desesperadas, tienen que ser reflexionadas, inteligentes y estar bien dirigidas.

Hay otro vector más a considerar en el miedo que produce la represión: la paranoia. El miedo a ser reprimidos desata una visión paranoica sobre la seguridad, realizamos gestos fetiche que creemos que refuerzan nuestra seguridad pero no aplicamos protocolos de manera sensata. Hay que aplicar distintos niveles de seguridad en función de lo que tengamos entre manos. No tiene sentido encriptar un correo con un comunicado que se va firmar y a hacer público, menos si estamos comunicando a gente que es incapaz de manejarse a nivel tecnológico. La seguridad no puede estar reñida con la lógica y la necesidad de sacar adelante el trabajo. Un nivel de seguridad mayor implica mayores inconvenientes (para comunicarnos, para operar) por eso debemos saber adecuar, de manera inteligente, el nivel de seguridad requerido en cada caso. No tiene sentido ponernos trabas de manera paranoica o sin sentido a nosotros mismos. Por supuesto, el nivel de seguridad escogido, sea el que sea, debe mantenerse en contextos informales o en las redes sociales.

La represión nos desgasta

Nos dejamos tiempo y esfuerzo en apoyar a las personas que han sido reprimidas. Desde el poder pretenden que ese tiempo y esfuerzo lo perdamos para enfrentar otras luchas. Desde su punto de vista: Si están volcados apoyando a sus detenidos y sacando dinero para multas no podrán organizar más protestas, que además les supondrán más multas y detenidos. Hay que romper con ese ciclo. El apoyo a los represaliados es esencial y no podemos abandonarlo, pero debe afrontarse de tal modo que esa solidaridad refuerce el movimiento social, no que lo debilite.

Me explico mejor con un ejemplo: Si dos personas participantes de una movilización contra los desahucios son detenidas, no podemos abandonar el trabajo en el tema de vivienda para realizar únicamente acciones de apoyo a los compañeros (conciertos recaudatorios, concentraciones de apoyo…). Debemos encontrar el modo de hacer que el apoyo a los detenidos fortalezca al mismo tiempo la visibilización de las luchas que estas personas estaban desarrollando en el momento de ser detenidas.

El desgaste también se extiende con la frustración. Hay que celebrar las acciones que salen bien. Aunque en medio de una situación de derrota generalizada nos parezca ridículo, hay que saber encontrar lo positivo, lo que hemos hecho bien. Está bien tener objetivos elevados, pero también hay que ser conscientes de la dificultad de alcanzarlos y hay que saber lidiar con la sensación de frustración que nos genera esa dificultad. Poner objetivos secundarios alcanzables y felicitarnos cuando cumplimos con lo que se esperaba de nosotros.

El desgaste tiene una última vertiente y es la que se traduce en enfrentamientos internos. Hay que evitar que los represaliados se sientan como una carga para los colectivos, del mismo modo que hay que tratar de evitar posturas paternalistas.

La represión nos aísla

Cargarnos de multas, de palos, de detenciones es un intento de aislarnos de la gente, de colocarnos en un rol de seres extraños, antisociales a los que es mejor no acercarse. Hay que tener claro y dejar claro que no somos nada de eso, que nos vemos abocados a esas situaciones o incluso a estar presos no porque seamos despreciables, sino porque aspiramos a un mundo mejor para la mayoría y este sistema nos lo impide.

A veces somos incapaces de transmitir esto, ni siquiera a las personas que podrían constituir nuestro apoyo, nuestra base social. Las muestras de odio y de amor por el disturbio tampoco ayudan. No somos violentos antitodo. No nos divierte que nos peguen, que nos detengan, que nos multen o que nos metan en la cárcel (y si a alguien le parece divertido, que se lo haga mirar) pero tampoco podemos mantenernos impasibles con la situación que vivimos: explotación, falta de libertad, injusticia, destrucción del medio… Por eso nos manifestamos y nos rebelamos. Hay que saber demostrar esto, que nuestros actos no están faltos de sentido.

Hay que comunicar que no somos los terroristas y violentos que muestran en los medios de comunicación. Muchas veces estamos en las manifestaciones y los disturbios, sí, pero también realizamos cientos de acciones solidarias a lo largo del año, somos los que apoyamos a las familias que van a echar de sus casas, los que defendemos la libertad de abortar y de cada uno y cada una a decidir sobre su cuerpo, los que construimos espacios de autogestión en los barrios, los que estamos defendiendo servicios sociales esenciales como la sanidad, la educación, las pensiones… Y todo, en conjunto, forma parte de nuestro compromiso revolucionario por mejorar las condiciones de vida de la mayoría.

No estamos sabiendo comunicar a quienes pudiesen apoyarnos toda esa otra dimensión creativa de nuestra lucha… y eso nos aísla de todo apoyo social y nos condena a estar solos frente a los golpes represivos, que somos incapaces de encajar.

(4 enero 2014)

domingo, 9 de febrero de 2014

Ocho detenidos en Madrid al finalizar una manifestación antirrepresión



Madrid, 8 de febrero de 2014. La manifestación antirrepresiva, convocada para hoy a las 19 horas por una treintena de colectivos y que ha contado con un espectacular dispositivo policial formado por cientos de agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), ha finalizado con ocho detenciones en el barrio de Malasaña. La cita, que ha transcurrido sin incidentes durante el recorrido comunicado a Delegación de Gobierno, ha partido a las 19 horas de la plaza de Cibeles para llegar en torno a las 21.30 horas a la plaza de España, donde ha sido desconvocada tras la lectura de un manifiesto titulado «Madrid unido contra la represión. Sin miedo, la lucha continúa hasta la victoria». En el mismo, se criticaba la «escalada represiva» contra los movimientos sociales vivida en los últimos meses en la capital.

Sin embargo, a las 22 horas varios grupos de UIP han perseguido a algunos manifestantes que han dejado barricadas con cubos y bolsas de basura para entorpecer el paso de los agentes y quemado algunos contenedores. Aunque no ha habido enfrentamientos, las fuerzas de seguridad han efectuado disparos de salvas y seis jóvenes han sido detenidos sobre las 22.15 horas en la plaza del 2 de Mayo debido a la intervención de una veintena de agentes vestidos de paisano. Otras dos personas más han sido detenidas [en Glorieta de Bilbao], lo que suma un total de ocho, cinco de ellas menores.

Durante las dos horas que ha durado la convocatoria se han escuchado gritos como «la voz del pueblo no es ilegal» o «menos policía y más educación». Encabezada por una pancarta en la que se podía leer «Contra su represión nuestra resistencia», la marcha se enmarca en el contexto de la lucha contra la futura Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza o Ley Anti 15M, que según numerosos colectivos y organizaciones incorpora al Código Penal un ordenamiento jurídico hecho a medida para frenar formas de protesta extendidas tras las acampadas del 15M, como Stop Desahucios, ocupaciones de edificios públicos o entidades bancarias, o la convocatoria de actos y manifestaciones a través de las redes sociales. Los convocantes han pedido una vez más la retirada del anteproyecto de ley, que se encuentra actualmente en fase de estudio.

«Todo el mundo ha podido ver como la Policía Nacional, con Cristina Cifuentes a la cabeza, ha orquestado lo que popularmente se ha difundido como 'caza de brujas', un operativo policial basado en la detención política indiscriminada de decenas de jóvenes antifascistas, feministas, revolucionarios y revolucionarias», han indicado las organizaciones convocantes a través de un manifiesto. Además, denuncian la violación por parte de las autoridades de «los derechos más elementales como los de asociación, reunión y manifestación, mientras los y las verdaderas criminales se llenan los bolsillos a costa de nuestro sufrimiento».

En el texto se ha hecho referencia a las cargas policiales vividas en los últimos días en Valladolid, durante una concentración anti corrupción con motivo de la Convención Nacional del Partido Popular el pasado 2 de febrero; Lavapiés (Madrid), en el Stop Desahucios convocado el 31 de enero, y Alcorcón, tras la manifestación del 1 de febrero contra la privatización de la empresa pública Esmasa y los despidos en el Ayuntamiento de la localidad madrileña. También han recordado a Encarna, la mujer de 56 años que continuaba en el hospital con un ictus hemorrágico causado por la intevención policial en Valladolid.


sábado, 25 de enero de 2014

Un compañero de CGT es absuelto de un delito de atentado y una falta de lesiones y contra el orden público

 

El juez considera que el compañero no agredió a la policia, sino que él fue el agredido durante la huelga general de septiembre de 2010

23/01/2014

Los hechos se remontan a la huelga general del 29 de Septiembre de 2010, cuando el piquete situado ante la entrada de la factoría vallisoletana de la empresa Michelín fue víctima de una actuación policial, que según el titular del Juzgado de lo Penal 3 de Valladolid, «impedía absolutamente el ejercicio del derecho a la información, pues les alejaba de la puerta y establecía un cordón de seguridad que aislaba a los huelguistas de los trabajadores, impidiendo la comunicación con estos y haciendo inviable el ejercicio de un derecho que amparaba a los que resultaron identificados y alguno de ellos hasta acusado».

El juez censura en la sentencia la intervención policial por hacer inviable el ejercicio del derecho a la información, que ampara a los huelguistas y considera inadecuado que los sindicalistas fueran alejados de las puertas de entrada a la factoría, siendo así coartados en el núcleo esencial del derecho de huelga que es informar de la misma. Además, considera que durante el procedimiento no se aportó «prueba alguna que acredite que se impidió el paso a los trabajadores» ni hubo «constancia de su comportamiento violento o coactivo».

En la acusación contra el compañero de CGT el juez se muestra más contundente aún contra la actuación policial, pues cuestiona la intervención de los agentes de Policía, ya que un vídeo aportado por la defensa del militante de CGT resulta «clarificador de lo infundado de la acusación» contra él. En las imágenes se aprecia no solo que «no porta la mochila» que el atestado le atribuía como «pieza de convicción», sino que «un agente desconocido al encontrarse de espaldas a la cámara, sin justificación alguna, da un puñetazo en el costado izquierdo al acusado».

El juez deduce que «ha existido un claro error identificativo por parte del agente interviniente (...), pues si se tuviera otro convencimiento nos encontraríamos ante delitos de falsedad de documento oficial, falsa imputación de delito, falso testimonio, abuso de autoridad y falta de maltrato». «Algo que no puede imaginarse en un servidor público». Esto último lo consideramos como un clarísimo reproche ante la actuación policial.

Desde CGT nos alegra enormemente que el compañero acusado injustamente, vejado y golpeado, haya sido absuelto con todos los pronunciamientos favorables. Ya era hora de que una sentencia dejase entrever que los montajes y los abusos policiales no son ningún mito y que sitúe a cada uno en su lugar. En aquella huelga los trabajadores que luchaban por sus derechos fueron tratados por muchos como terroristas, esta sentencia deja claro que los violentos eran otros.

sábado, 18 de enero de 2014

Los delincuentes en la cárcel y fuera

P. KROPOTKIN

Para empezar, tengamos en cuenta que no hay preso que considere justo el castigo que se le aplica. Esto es en sí mismo una condena de todo nuestro sistema judicial. Hablad con un hombre encarcelado o con un gran estafador. Dirá: «Aquí están los de las pequeñas estafas, los de las grandes andan libres y gozan del público respeto». ¿Qué responder, sabiendo que existen grandes empresas financieras expresamente dedicadas a arrebatar los últimos céntimos de los ahorros de los pobres, y cuyos fundadores se retiran a tiempo con botines legales hechos a costa de esos pequeños ahorros? Todos conocemos esas grandes empresas que emiten acciones, sus circulares falsas, sus inmensas estafas. ¿Cómo no dar al preso la razón?

Y el hombre encarcelado por robar una caja fuerte, te dirá: «Simplemente no fui bastante listo; nada mas». ¿Y qué contestarle, sabiendo lo que pasa en sitios importantes, y cómo, tras terribles escándalos, se entrega a esos grandes ladrones el veredicto de inocencia? Cuantas veces se oirá decir a los presos: «Son los grandes ladrones los que nos tienen aquí encerrados; nosotros somos los pequeños». ¿Cómo discutir esto cuando los presos saben de las increíbles estafas perpetradas en el campo de las altas finanzas y del comercio. Cuando saben que la sed de riquezas, adquiridas por todos lo medios posibles, es la esencia misma de la sociedad burguesa? Cuando ha examinado la inmensa cantidad de transacciones sospechosas que separan a los hombres honestos (según medidas burguesas) y a los delincuentes, cuando ha visto todo esto, tiene sin duda que creer que las cárceles son para torpes, no para delincuentes. Ésta es la norma respecto al mundo exterior. En cuanto a la cárcel misma, no hace falta extenderse mucho en ello. Sabemos bien lo que es. Sea respecto a la comida o a la distribución de favores, en palabras de los presos, desde San Francisco a Kamchatka: «Los mayores ladrones son los que nos tienen aquí, no nosotros».

Las cárceles y su influencia moral sobre los presos
(1877)


lunes, 26 de marzo de 2012

Criminalizar al disidente, el arma más potente

Comunicado de la Federación Obrera Regional Argentina frente a la nueva Ley Antiterrorista

Asociar la disidencia con la violencia es uno de los métodos más eficaces para acabar con cualquier atisbo de resistencia social, ya que amparándose en la defensa de la seguridad ciudadana, los gobiernos han encontrado un pretexto recurrente para aniquilar los derechos más elementales.

Acatando el consejo estadounidense que amenazaba con excluir a Argentina de la lista de países «confiables para los inversores», se ha promulgado una Ley Antiterrorista, que calcando el patrón diseñado desde hace décadas por las nefastas democracias neoliberales europeas, esconde una clara voluntad represiva contra militantes y luchadores sociales.

La normativa, basada en definiciones laxas, tipifica como terroristas actos sobre los que ni siquiera existe un consenso jurídico generalizado como las conexiones internacionales, la apología o la pertenencia a asociaciones ilícitas. Dicho de otro modo, bajo el telón del «terrorismo» se está enmascarando la criminalización de los cortes de ruta, el escrache, la solidaridad con detenidos políticos o reclamos tan básicos como la libertad sindical ya que «buscan obligar a un gobierno a cometer un acto».

Sin embargo, pese a que el abanico de posibles terroristas se ha ampliado de manera notable, no se encuentran incluidos en la Ley los dos actos de terrorismo más comunes en Argentina: el de Estado y el Patronal, que «mediante la comisión de delitos se proponen aterrorizar a la población, contando con armas y medios para poner en peligro la vida o integridad de un número indeterminado de personas».

Los casos de gatillo fácil, la muerte de militantes a manos de patotas sindicales, el trabajo en negro o lo precariedad laboral seguirán siendo delitos menores y por supuesto incomparables con actos tan peligrosos como manifestarse exigiendo mejores salariales o repartir panfletos que denuncien la brutalidad policial.

Así las cosas, a partir de ahora, todos somos terroristas o sospechosos de serlo hasta que se demuestre lo contrario. Mientras tanto, los verdaderos terroristas seguirán sentados en el Congreso y el Senado legislando.