Comunicado de la Federación Obrera Regional Argentina frente a la nueva Ley Antiterrorista
Asociar la disidencia con la violencia es uno de los métodos más eficaces para acabar con cualquier atisbo de resistencia social, ya que amparándose en la defensa de la seguridad ciudadana, los gobiernos han encontrado un pretexto recurrente para aniquilar los derechos más elementales.
Acatando el consejo estadounidense que amenazaba con excluir a Argentina de la lista de países «confiables para los inversores», se ha promulgado una Ley Antiterrorista, que calcando el patrón diseñado desde hace décadas por las nefastas democracias neoliberales europeas, esconde una clara voluntad represiva contra militantes y luchadores sociales.
La normativa, basada en definiciones laxas, tipifica como terroristas actos sobre los que ni siquiera existe un consenso jurídico generalizado como las conexiones internacionales, la apología o la pertenencia a asociaciones ilícitas. Dicho de otro modo, bajo el telón del «terrorismo» se está enmascarando la criminalización de los cortes de ruta, el escrache, la solidaridad con detenidos políticos o reclamos tan básicos como la libertad sindical ya que «buscan obligar a un gobierno a cometer un acto».
Sin embargo, pese a que el abanico de posibles terroristas se ha ampliado de manera notable, no se encuentran incluidos en la Ley los dos actos de terrorismo más comunes en Argentina: el de Estado y el Patronal, que «mediante la comisión de delitos se proponen aterrorizar a la población, contando con armas y medios para poner en peligro la vida o integridad de un número indeterminado de personas».
Los casos de gatillo fácil, la muerte de militantes a manos de patotas sindicales, el trabajo en negro o lo precariedad laboral seguirán siendo delitos menores y por supuesto incomparables con actos tan peligrosos como manifestarse exigiendo mejores salariales o repartir panfletos que denuncien la brutalidad policial.
Así las cosas, a partir de ahora, todos somos terroristas o sospechosos de serlo hasta que se demuestre lo contrario. Mientras tanto, los verdaderos terroristas seguirán sentados en el Congreso y el Senado legislando.
Asociar la disidencia con la violencia es uno de los métodos más eficaces para acabar con cualquier atisbo de resistencia social, ya que amparándose en la defensa de la seguridad ciudadana, los gobiernos han encontrado un pretexto recurrente para aniquilar los derechos más elementales.
Acatando el consejo estadounidense que amenazaba con excluir a Argentina de la lista de países «confiables para los inversores», se ha promulgado una Ley Antiterrorista, que calcando el patrón diseñado desde hace décadas por las nefastas democracias neoliberales europeas, esconde una clara voluntad represiva contra militantes y luchadores sociales.
La normativa, basada en definiciones laxas, tipifica como terroristas actos sobre los que ni siquiera existe un consenso jurídico generalizado como las conexiones internacionales, la apología o la pertenencia a asociaciones ilícitas. Dicho de otro modo, bajo el telón del «terrorismo» se está enmascarando la criminalización de los cortes de ruta, el escrache, la solidaridad con detenidos políticos o reclamos tan básicos como la libertad sindical ya que «buscan obligar a un gobierno a cometer un acto».
Sin embargo, pese a que el abanico de posibles terroristas se ha ampliado de manera notable, no se encuentran incluidos en la Ley los dos actos de terrorismo más comunes en Argentina: el de Estado y el Patronal, que «mediante la comisión de delitos se proponen aterrorizar a la población, contando con armas y medios para poner en peligro la vida o integridad de un número indeterminado de personas».
Los casos de gatillo fácil, la muerte de militantes a manos de patotas sindicales, el trabajo en negro o lo precariedad laboral seguirán siendo delitos menores y por supuesto incomparables con actos tan peligrosos como manifestarse exigiendo mejores salariales o repartir panfletos que denuncien la brutalidad policial.
Así las cosas, a partir de ahora, todos somos terroristas o sospechosos de serlo hasta que se demuestre lo contrario. Mientras tanto, los verdaderos terroristas seguirán sentados en el Congreso y el Senado legislando.
