La ideología del peronismo

    En su última visita a la Argentina Pablo Iglesias reivindicaba ¡las raíces peronistas de Podemos! El peronismo es algo confuso, tiene tanto elementos izquierdistas como derechistas, pero el militar que dio nombre a tal movimiento político siempre mantuvo simpatías con el fascismo (y el franquismo) y profesaba un ferviente anticomunismo. El filósofo anarquista Cappelletti ya nos hablaba de este engendro político-populista...

AMOR Y RABIA

Pablo Iglesias junto a la expresidenta argentina
Cristina Fernández de Kirchner en su visita al país.

Por Ángel J. Cappelleti

El fenómeno del peronismo desconcierta al observador europeo y latinoamericano. El movimiento aparece como algo contradictorio y confuso, tanto en su desarrollo histórico como en su composición social. Cuando se trata de definir su ideología, la contradictoriedad y la confusión suelen alcanzar niveles apocalípticos, al menos en el periodismo y en el hombre de la calle. Se ha llegado a sostener que ideológicamente el peronismo no es nada, puesto que lo es todo o casi todo. Esta tesis, que no deja teoría del fin de las ideologías, se basa sin embargo principalmente en el equívoco generado por los siguientes hechos:

1. El movimiento peronista, cuyo policlasismo nadie niega, acogió en su seno individuos y grupos provenientes de los más dispares rumbos ideológicos (radicales, conservadores, demócratas-cristianos, nacionalistas de diversos matices, socialistas, comunistas, trotskistas, sindicalistas, anarquistas, etc.). Cada uno de ellos vio —o quiso ver— en Perón algo de sus propios orígenes, cada uno pretendió imprimir al peronismo, consciente o inconscientemente, el sello de su anterior modo de concebir la realidad social y política.

2. El propio Perón adoptó una actitud mimética y camaleónica —que formaba parte no sólo de su arsenal táctico y estratégico sino también de su propia ideología— gracias a la cual aparecía sucesiva y, a veces, simultáneamente representando posiciones o matices de pensamientos muy diferentes. A pesar de esto, un esfuerzo por detectar históricamente la esencia de la ideología peronista no tardará en revelarnos la existencia de un proyecto originario de Perón, que hicieron suyo sus colaboradores inmediatos y que, por debajo de otros múltiples proyectos y programas, surgidos como respuestas a las variables exigencias del devenir socio-económico y político, se mantiene constante.

Perón en su última visita a la España de Franco, 1973.

Por más importante que haya sido la voluntad de poder del propio Perón y las características de su personalidad en el surgimiento del peronismo, no puede negarse la existencia de ese proyecto original, que supone una verdadera definición ideológica. Si el peronismo se comprendiera simplemente a partir de un diagnóstico caracterológico de Juan Domingo Perón, quedarían sin dudas muchas cosas inexplicables y se plantearían más problemas de los que podrían así resolverse.

Tampoco basta con decir que «el peronismo es una respuesta política a las condiciones sociales y económicas imperantes en la Argentina de 1943», o que «fue una necesidad histórica cuya misión se cumplió al facilitar el acceso del proletariado a la escena política, como etapa preparatoria de una revolución profunda» (Carlos S. Fayt, La naturaleza del peronismo, Buenos Aires, 1967, pág. 16).

Se trata precisamente de averiguar qué clase de respuesta política fue, porque obviamente esas condiciones sociales y económicas podrían haberse enfrentado de otra manera (como, por ejemplo, a través de la socialdemocracia o del sindicalismo revolucionario, que tenían ya más de medio siglo de luchas en el escenario nacional).

Decir que su misión fue facilitar el acceso del proletariado a dicho escenario, como etapa previa a la revolución, es una contra-verdad casi perfecta, ya que el análisis del proyecto originario de Perón nos indica claramente, como veremos, que su misión fue facilitar el acceso del proletariado al escenario político nacional para que sirviera de comparsa brillante a los verdaderos héroes del drama: el Estado y las clases dominantes.

Juan Domingo Perón, como capitán, había formado parte del grupo de oficiales, mayoritariamente conservadores o filo-fascistas, que bajo el mando del general Uriburu planearon y ejecutaron el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, contra el presidente constitucional Yrigoyen. A principios de 1939 viajó a Italia, en misión de estudios, supuestamente militares, pero en realidad como observador político. Allí permaneció hasta fines del año siguiente.

A su educación militar, a su extracción social oligárquica (descendiente de estancieros), a sus previas simpatías por el autoritarismo y el conservadourismo, el triunfante fascismo italiano le dio una definición precisa. Perón fue gran admirador de Mussolini. Más de una vez declaró: «Me propongo imitar a Mussolini en todo, menos en sus errores». Su básico anticomunismo de militar terrateniente encontró en la doctrina fascista el único antídoto frente a la marea roja y el único preservativo contra la revolución. Sólo un Estado fuerte y totalitario, que estructure la sociedad jerárquicamente y se sitúe como árbitro supremo de todas las diferencias entre trabajadores y patronos, entre obreros y capitalistas, será capaz hoy —piensa Perón en 1940— de conservar los valores tradicionales, eternos y sacrosantos, de la propiedad privada, la familia patriarcal, el ejército guardián del orden y la moralidad, etc.

 

Celebración del 1º de Mayo en Buenos Aires, 1955.

«Ideológicamente condicionado a no ver otra disyuntiva que la de "Roma o Moscú" —fascismo o comunismo—, según el conocido lema mussoliniano, Perón consideraba inevitable que la caída de Roma sólo abriría caminos a la expansión soviética» (P. Giussani, Montoneros. La soberbia armada, Buenos Aires, 1984, pág. 169).

Por otra parte, Perón es un realista y un agudo observador del devenir político-militar. Al retornar a la Argentina sospecha ya que el Eje perderá la guerra y que el fascismo será mundialmente derrotado. Los dos o tres años siguientes confirman, hasta disipar toda duda, esta sospecha.

El fascismo clásico —el de Mussolini— no podrá ser implantado, pues, en ninguna parte, ni siquiera en la Argentina. Y, sin embargo, sin fascismo no hay solución alguna. Se trata, entonces, de disfrazarlo en la medida de lo posible y en la medida de lo necesario. El genio político de Perón consiste principalmente en esto: en haber hecho aceptable y, más aún, en haber logrado que una gran parte del pueblo argentino (y, particularmente, la clase obrera) abrazara con entusiasmo y fervor una ideología desprestigiada por la derrota, universalmente repudiada, deshonrada y vilipendiada por la historia.

Del fascismo conservó la ideología peronista o «justicialista» la idea del Estado, fuente de toda razón y justicia; la idea de la sociedad organizada corporativamente, esto es, por estamentos; el nacionalismo retórico; el anticapitalismo de oropel; la noción de las fuerzas armadas como corazón de la patria; la utilización de la Iglesia como freno de las rebeldías, y de la religión como opio del pueblo; la doctrina de la tercera posición, que no era otra cosa sino la pretensión de Hitler y Mussolini de tener una oposición opuesta igualmente al capitalismo y al comunismo, y en fin, también la propuesta de un socialismo-nacional que no era sino nacional-socialismo. El disfraz, confeccionado por el propio Perón, era sin embargo, genialmente sencillo. Consistía en sustituir la cachiporra y el aceite de ricino de los escuadristas del fascio por el pan dulce y la botella de sidra de los muchachos de la unidad básica; en cambiar el terror por la sonrisa bonachona, el «domicilio coatto» por las colonias de vacaciones, la exaltación del Imperio por la ley de jubilaciones. La comunidad organizada de la cual Perón hablaba no era sino la sociedad corporativa que Mussolini había ideado, el verticalismo justicialista se llamaba igual que el fascista, pero, valido de su astucia criolla, de sus mañas de militar campechano y querido de la tropa, de su familiaridad con actrices de medio pelo, el General supo hacerlos potables y aun apetecibles para la mayoría de los trabajadores argentinos. El peronismo se convirtió en un fascismo benevolente, populista, más corruptor que violento, pero, sin duda, no por eso menos repudiable.

Caracas, 1984.

Ensayos libertarios

Ed. Madre Tierra (1994)

Buenos Aires, Primero de Mayo de 1974.

Entre futbolistas y desaparecidos

 

Por SERGIO GIUNTINI

Antropológicamente colgando entre «dionisismo nietszchiano» y «opio del pueblo» de marxiana memoria, el uso político del fútbol en Sudamérica, de Argentina a Brasil, de Uruguay a Perú, etc., se ha encarnado poco a poco en múltiples modelos identitarios, eventos funestos, macabras evocaciones simbólicas.

Si nos abstraemos de su pura contemplación estética, ofrece un rico conjunto de desmentidos a la ilusoria teoría, surgida desde el restaurador de las Olimpiadas modernas, Pierre de Coubertin, según la cual el deporte sería un fenómeno neutral por naturaleza, apolítico. Una auténtica falsedad fácilmente desenmascarable. Y nada mejor que los países de América Central y meridional para estudiar, a amplia y diversificada escala, el paradigma «fútbol y dictadura»: una historia, de hecho, muy sudamericana. En esa línea ha observado Franklin Foer: «Las dictaduras militares son históricamente las grandes vencedoras del Mundial: en los años setenta y ochenta estaban tras las victorias de Brasil y Argentina. Son sucesos fáciles de explicar: las dictaduras militares se nutren de un espíritu colectivo en el que los hombres fuertes son expresión de un vasto aparato. En cierto sentido, un buen equipo de fútbol es una Junta».

Y Marc Perelman, en su ensayo Sport barbare, ha descrito así la función política del Mundial argentino de 1978: «Los mundiales de fútbol en Argentina permitieron al régimen dictatorial y torturador de Videla reforzarse reprimiendo cualquier revuelta, sofocando toda lucha, multiplicando las detenciones y asesinando a los opositores a tan solo trescientos metros del estadio River Plate de Buenos Aires. El clamor de los espectadores cubrió los gritos de los torturados. Con la conciencia mutilada por el fútbol, los forofos se enfervorecieron y aplaudieron a su equipo, que salió vencedor de la liza, consolidando aún más la dictadura. El fútbol, esta especia de peste emotiva moderna, hace su parte».

Aquel primer mensaje intencionado

Incluso el caso argentino, el «Mundial de los Desaparecidos», ofrece el ejemplo más preciso de la fuerte instrumentalización alcanzada por el fútbol en ese continente: un caso de «escuela» que merece ser sintetizado en sus líneas esenciales. En agosto de 1975, Jorge Rafael Videla fue nombrado comandante en jefe del Ejército por Isabelita Perón, y ya en el mes de noviembre, ante una conferencia de jefes de Estado Mayor sudamericanos, afirmaba sin ambages: «En Argentina morirá el número necesario de personas para garantizar la seguridad del país». Una advertencia a la que siguió, el 24 de diciembre de 1975, este ultimátum: «O el Gobierno corrige su política dentro de los próximos noventa días o nos ocuparemos de hacerlo los militares». 

Una promesa mantenida con el golpe producido, inexorablemente, el 24 de marzo de 1976.

El día de la toma de poder de los generales golpistas suspendieron todas las transmisiones televisivas, sustituidas por proclamas de música militar, menos una. Se salvó, con el comunicado número 23 de la Junta, la retransmisión del partido Polonia-Argentina disputado en Chorzow y ganado 1-3 por los «blanquiazules» [o «albicelestes»]. Los militares pretendían lanzar un mensaje de serenidad y, sobre todo, hacer entender que el campeonato mundial de fútbol asignado anteriormente al país, no sería tocado en absoluto por el nuevo orden.

Por lo demás, a la FIFA este mensaje simbólico le pareció más que suficiente. Para confirmar la situación, el 28 de marzo de 1976, el vicepresidente alemán de la FIFA, Hermann Neuberger, realizó un viaje relámpago a Argentina del que trajo esta lapidaria sentencia: «El cambio de gobierno no tiene nada que ver con el Mundial, somos gente de fútbol, no políticos». El apoyo incondicional de la FIFA no podía sin embargo poner a Videla al abrigo de los peligros de una información internacional objetiva e independiente; y esto, de hecho, fue el mayor riesgo inmediatamente temido y combatido por el régimen.

Desde entonces, para mejorar la imagen de Argentina en el exterior, los generales confiaron en una conocida agencia publicitaria y de relaciones públicas de Nueva York: la Burso-Masteller. La agencia se encargó de redactar un informe (que costó 1.100.000 dólares) titulado emblemáticamente Lo que vale para los productos vale también para los países. Se podía vender el producto «dictadura argentina» como cualquier otro artículo que se lanza al mercado. Los americanos sugerían en primer lugar dirigirse a distintos objetivos: mensajes a los sectores de la cultura y la información (prensa, funcionarios del gobierno, universidades), de las inversiones privadas (banca, responsables del comercio internacional, empresarios), de los viajes y del turismo. Respecto a la prensa, el elemento más crítico, la agencia proponía intervenciones sobre los periodistas de buen nivel, elaborando un «sistema de infiltración en los periódicos y revistas de vanguardia, que pudiera ayudar a modificar o corregir tergiversaciones».

«Hemos apuntado preferiblemente —proseguía el informe— a la prensa comercial, de viajes y apolítica, incluyendo solo redactores políticos de concepciones moderadas o conservadoras».

Para los periodistas agraciados e invitados antes del Mundial, estaba previsto este denso programa de entretenimiento: facilitación de material propagandístico en abundancia, una gira turística remarcando los atractivos del lugar, organización de comidas con empresarios argentinos por parte de la Secretaría de Información del Estado, una tarde en el teatro Colón de Buenos Aires y en otros lugares nocturnos de moda y, finalmente, «encuentros personales con la juventud argentina» para ofrecer un «catálogo de la variedad de diversiones existentes en el país» y de la «normalidad de la vida cotidiana».

La operación El Barrido y los ríos de dinero

Una «normalidad» que en realidad era una vulgar mentira, tanto que el campeonato del mundo estaba vigilado por ocho mil militares, aparte de las fuerzas ordinarias de policía, y de media cada componente de los equipos presentes en el torneo (desde los jugadores hasta los masajistas) gozaba siempre de la vigilancia de siete soldados con equipo de guerra. En el interior del país se dieron varios cursos de «preparación militar» destinados a los civiles con el fin de adiestrar a la población a salvaguardar la propia identidad en el curso del evento deportivo, y en una conferencia de prensa en marzo de 1978 el coronel Aldo Maspero, del Ente Autárquico Mundial (EAM), lanzó una auténtica campaña de delación masiva, manteniendo que cualquier ciudadano podría convertirse en la «principal figura de la operación-seguridad, si cumple su misión de observar y denunciar cualquier anomalía tendente a alterar la tranquilidad pública y el éxito del campeonato mundial». Y en cualquier caso, para evitar el más mínimo tumulto en la opinión pública exterior e interior, se procede preventivamente a realizar auténticos pogromos.

Como ha escrito el premio Nobel de la Paz de 1980, Adolfo Pérez Esquivel, «antes de la Copa del Mundo, los militares desarrollaron la operación El Barrido, irrumpiendo en las casas y haciendo "desaparecer" hasta doscientas personas al día. No querían que los sospechosos políticos anduvieran libres para hablar con los periodistas extranjeros. Al acercarse las fechas del Mundial, muchos detenidos fueron asesinados, para descartar que se descubriera todo, y algunos campos secretos fueron trasladados a localidades remotas, donde los periodistas no los descubrieran, o a gabarras». Pero no es suficiente. El Mundial de Videla fue también la ocasión para grandes, oscuros negocios, y ajustes de cuentas en el interior de la mismísima Junta. Ríos de dinero movilizados por el evento, que desencadenaron enormes apetitos y profundas divergencias entre las fuerzas armadas para hacerse con el control del EAM (con una directiva compuesta por cinco militares y un civil), creado a propósito en junio de 1976 para la gestión completa del acontecimiento. Tanto es así, que como primer presidente del EAM fue nombrado el general Omar Actis, que al poco tiempo, el 19 de agosto del mismo año, cae víctima de un extraño atentado. Una muerte bastante sospechosa, y reconducible a una guerra intestina entre aparatos militares además de a un ataque terrorista realizado por los opositores. Formalmente, el puesto de Actis es ocupado por el general Antonio Luis Merlo, pero el verdadero jefe del EAM era su vicepresidente, Carlos Alberto Lacoste, que ya formaba parte de la maquinaria organizativa del Mundial en agosto de 1974, antes del golpe de Estado.

Una vulgar mentira

Tras la aparente cohesión se escondía de hecho una fuerte conflictividad entre jerarquías militares. Por un lado estaban las «fuerzas de tierra», representadas por Videla y paradójicamente consideradas como las más «moderadas», y por otro las de «mar», más puras y duras, «filopinochetistas», que pedían otra vuelta de tuerca contra los subversivos. Con el Mundial en pleno apogeo desaparece por ejemplo Luis Delgado, director de un periódico cercano al ministro «videliano» de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. Desaparición que, según algunos, fue decidida por las altas esferas. Es decir, de las facciones militares subterráneas hostiles a Videla, que con el Mundial estaba cobrando una fama excesiva tanto personal como en detrimento de la Marina: la componente golpista que se identificaba con Lacoste y Eduardo Emilio Massera, un miembro de la logia masónica P2 de Licio Gelli. Lacoste que, con toda probabilidad, complotó contra Juan Alemann: el secretario de Estado bajo cuya casa, el 21 de junio de 1978, se hizo explotar una potente carga explosiva, mientras en Rosario Leopoldo Luque marcaba el cuarto gol argentino a los dóciles peruanos (la famosa «mermelada peruana», que permitió a Argentina eliminar a Brasil por una mejor puntuación a tiros a puerta). Un acto intimidatorio con el fin de acallar las críticas lanzadas a la gestión, cualquier cosa menos alegre, del Mundial.

Al respecto, en dos entrevistas de la agencia France Press realizadas el 8 y el 15 de febrero de 1978, Alemann había afirmado:

1) que sin la organización del Campeonato del Mundo, Argentina tendría menor déficit, menor emisión de moneda y menor inflación;
2) que las obras para celebrar la Copa no tenían rendimiento económico y enseguida se convertirían en monumentos inútiles;
3) que los gastos organizativos estaban aumentando notablemente con respecto al presupuesto inicial.

Por otra parte, habiéndose impuesto claramente la visión «política» sobre la utilidad del Mundial, es decir, la línea Merlo-Lacoste, sobre la puramente «económica» de Alemann, el EAM desde ese momento en adelante podrá actuar prácticamente sin injerencias, más allá de cualquier control administrativo. Un «cuerpo separado» del que Lacoste obtuvo ingentes beneficios privados.

En lo concreto se comprobó que ese alto grado de la Marina, posteriormente a 1978 adquirió en Punta del Este (Uruguay) un inmueble valorado en 128.000 dólares y, para alejar las dudas sobre la procedencia de tan crecida suma, declaró que en gran medida se derivaba de un generoso préstamo de 90.000 dólares por parte del millonario Joao Havelange, el presidente brasileño de la FIFA entre 1974 y 1988, que confirmó la defensa de Lacoste. Havelange que, con motivo de la inauguración del Estadio Monumental de Buenos Aires, fue condecorado por Videla y, tras concluir la Copa del Mundo, llevó a Lacoste primero a la vicepresidencia de la Confederación Sudamericana de Fútbol y, desde el 7 de julio de 1980, a la FIFA, sin despeinarse. Lacoste y Havelange que, «yendo del brazo» durante el Mundial, encontraron tiempo para «beatificar» al anticomunista visceral Santiago Bernabéu (presidente del Real Madrid durante treinta años, desde 1943). El franquista Bernabéu, voluntario de la 150 División Marroquí durante la Guerra Civil española, que murió mientras se celebraba el Mundial, fue honrado por la FIFA con tres días de luto, haciendo preceder un minuto de silencio en todos los partidos jugados durante esas setenta y dos horas.

Y el fútbol lo tapó todo

Volviendo a Lacoste, fue presidente interino de Argentina del 11 al 22 de diciembre de 1982 (entre Roberto Eduardo Viola y Leopoldo Fortunato Galtieri, el general forofo del River Plate que condujo a la nación a la desastrosa guerra irredentista de las Malvinas) y, también a causa de la colosal bancarrota acumulada por el EAM, fue imputado por el gobierno de transición democrática de Raúl Alfonsín. Procesado sin que se le condenara, murió como hombre libre en Estados Unidos el 24 de junio de 2004.

Este fue el verdadero rostro de aquella Argentina que el 25 de junio de 1978, como narcotizada, en un estado de hipnosis colectiva, festejó desenfrenadamente la victoria final —en la prórroga— por 3 a 1 contra Holanda.

Un formidable triunfo público para Videla, un baño de nacionalismo desmedido, cifrado en los lemas del régimen: «25 millones de argentinos jugaremos el Mundial», «Argentina contra todo el mundo», «El Campeonato Mundial es Prioridad Nacional», «Marcar un gol para Argentina».

Pero la verdad, lo sabemos bien, era muy otra. Fueron los Mundiales de los «desaparecidos» en la nada, de los arrojados en los «vuelos de la muerte». Y el fútbol, una vez más, lo tapó todo.

TIERRA Y LIBERTAD

Nº 344- marzo 2017

España financió a la dictadura de Videla

 

Archivos secretos revelan que el rey Juan Carlos, banqueros de la talla de los Botín y los principales funcionarios del gobierno de Suárez firmaron acuerdos económicos millonarios con el sangriento régimen argentino

Público.es

20/10/2014

El exterminio de seres humanos no sólo conlleva una serie de prácticas abominables, capaces de reducir a miles de personas «a la diezmillonésima parte de una mierda», tal como le gustaba decir a uno de los más crueles carceleros del franquismo. Ya fuese en la Alemania de Hitler, en la España de Franco o en la Argentina de Videla, las políticas represivas absorbían una parte sustancial del presupuesto estatal. Desde el soldado que activaba las cámaras de gas en Auschwitz hasta el torturador que hacía retorcer de dolor a sus víctimas en Buenos Aires, pasando por el verdugo español que destrozaba a sus condenados en el garrote vil... Todos, absolutamente todos, cobraban religiosamente a final de mes.

En mayo de 1976, cuando aún no se habían cumplido dos meses del golpe de Estado en Argentina, los cuerpos policiales que aterrorizaban a los habitantes ya habían gastado un 70% de su presupuesto anual... y aún quedaba mucha gente por morir. En vísperas de un invierno austral que prometía sangre y dolor, los jefes policiales se vieron obligados a pedir una inyección de 12 millones de dólares. Según los cálculos realizados entonces, las tareas represivas iban a costar, al menos en 1976, unos 400 millones de billetes norteamericanos.

Videla necesitaba dinero fresco, pero antes tenía que encontrar países que quisieran socorrerle. Entonces, aquel general de bigotes y mal genio se acordó de la Madre Patria, que acababa de enterrar al dictador Franco y que empezaba, con muchas dificultades, a experimentar el camino de la democracia. Exactamente al revés que en Argentina, donde las desapariciones se habían convertido en moneda diaria. La comunidad internacional conocía ese extremo, algo que parece no haber importado mucho en Madrid: según consta en una gran cantidad de expedientes secretos localizados por Público, España firmó acuerdos económicos que dieron aire a la maltrecha dictadura y sus terribles tácticas de exterminio.

Los archivos en poder de este periódico demuestran que el rey Juan Carlos fue el encargado de facilitar los acuerdos entre la España de la transición y la Argentina de los vuelos de la muerte. El 1 de julio de 1976, el monarca recibió en su despacho al embajador de Videla en Madrid, el general Leandro Enrique Anaya. De acuerdo al informe reservado elaborado por el diplomático, el rey tuvo «expresiones de beneplácito por el éxito con que nuestro Gobierno está afrontando los problemas económicos coyunturales que éste vive», al tiempo que se mostraba muy generoso ante la próxima visita a España del ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, uno de los máximos defensores del ultraliberalismo en Sudamérica.

Ante un Anaya que se salía de su uniforme, el rey Juan Carlos prometió que el responsable de Economía argentino «tendría la mejor acogida y disposición de banqueros, inversores e industriales, para concurrir al encauzamiento y solución de los problemas que pudieran plantearse y/o proponerse. En tal sentido, dijo que España estaba en el mejor estado anímico para concretar operaciones comerciales y financieras con la República Argentina». A lo largo de las semanas siguientes quedaría claramente demostrado que no se trataba de simples elogios.

De las palabras a los hechos

La primera buena noticia para Videla tenía un irresistible olor a parrilla. Cuatro días después de la reunión entre Anaya y el rey, Argentina anunciaba que había firmado un convenio con España para retomar la venta de carne a este país europeo, paralizada desde hacía seis años. El acuerdo se había cocinado durante una visita realizada a Madrid por los responsables de la Junta Nacional de Carnes de Argentina y traía como consecuencia inmediata una primera remesa de cuatro mil toneladas de piezas vacunas para el mercado español, lo que reportaría tres millones ochocientos mil dólares de ganancias para Buenos Aires.

El ministro Martínez de Hoz llegó a España pocas semanas después de este acuerdo, exactamente un 22 de julio de 1976. Durante su visita, el funcionario pudo moverse con total libertad por los despachos más importantes e influyentes del país. Entre las personalidades que le abrieron la puerta se encontraban el rey Juan Carlos, con quien se reunió en la mañana del 23 de julio, y el gobernador del Banco de España, Luis Coronel de Palma, que además ostentaba el título de Marqués de Tejada. También tuvo tiempo para reunirse a solas con el banquero Alfonso Escámez —presidente del ya desaparecido Banco Central— a quien le prometió que la dictadura argentina le devolvería la sucursal que había sido expropiada por el Gobierno peronista de Héctor Cámpora en 1973.

En su intensa campaña por encontrar amigos con dinero, la Junta Militar también contactó con el poderosísimo Emilio Botín (padre) para anunciarle que su Banco Santander recuperaría las dos filiales que le habían quitado los peronistas. Coincidiendo con la visita de Martínez de Hoz, el diario Informaciones reveló que «en la última Junta General de Accionistas» del Santander Botín se había referido al «futuro y perspectivas económicas en la Argentina». «Después de los recientes acontecimientos políticos acaecidos en aquel país, tenemos fundadas esperanzas de que se volverá a la prosperidad del pasado, pudiendo asegurar que nuestra organización allí, que incluye cerca de 500 empleados y nueve sucursales, está plenamente preparada para participar en el resurgimiento de aquella gran nación. El nuevo Gobierno argentino nos ha ofrecido devolvernos las sucursales de Córdoba y Rosario que nos fueron expropiadas en 1973. Estamos en estos momentos concretando las condiciones en que ha de efectuarse dicha devolución», declaró el presidente del Banco Santander.

El mismo día en que la prensa hacía público el apoyo de Botín a los dictadores, tanto él como otros banqueros se sentaban a comer con Martínez de Hoz. Ante la apretada agenda del ministro argentino —que tenía menos de 48 horas para tratar de consolidar las relaciones económicas con políticos y empresarios españoles—, el Marqués de Tejada, haciendo gala de su cargo de gobernador del Banco de España, se encargó de prepararle un multitudinario almuerzo, en el que logró reunir en un mismo comedor a lo más selecto del sector público y privado. De acuerdo a la nómina de invitados que poco después fue enviada a la Junta Militar, en aquella comida de trabajo estaban presentes 64 personalidades españolas, entre las que figuraban los ministros de Comercio, Industria y Hacienda, así como los presidentes de los principales bancos de la época y un buen número de empresarios. El principal tema de conversación fue la relación entre España y Argentina, así como las posibilidades de negocios para ambos estados.

Los representantes de ambos países se volvieron a ver las caras el 1 de diciembre de 1976, bajo el agobiante calor de Buenos Aires. Ese día comenzaron las conversaciones secretas entre Martínez de Hoz y el ministro de Comercio español, José Lladó, quien había sido designado por el presidente Adolfo Suárez para negociar un millonario acuerdo con la dictadura. Las negociaciones duraron 72 horas, al término de las cuales ambos ministros rubricaron un documento conjunto. De acuerdo al contenido de esos papeles secretos, ambos estados acordaron «poner en práctica un programa de cooperación económica y financiera» por el cual España vendería a Argentina «bienes de equipo, barcos de características especiales, dragas y otros elementos flotantes, así como equipos de carga y descarga para puertos, locomotoras y demás material ferroviario, y otros equipos y plantas industriales» por un valor global de 290 millones de dólares.

Para facilitar las cosas, el Banco Exterior de España se comprometía a establecer «una línea especial de crédito» que permitiría «amparar compras argentinas por un valor máximo de 150 millones de dólares». Además, España accedía a otorgar a Argentina «un crédito en condiciones concesionarias por valor de 50 millones de dólares». «Parte de este crédito —añade el documento reservado— será utilizado para colaborar en el desarrollo de la industria naval argentina».

Ese mismo 3 de diciembre, ambas delegaciones firmaron el «Protocolo de Cooperación Comercial y Financiera entre la República Argentina y el Gobierno de España» (ver PDF), un documento que llevaba el sello de «confidencial» y en el que se establecían los pasos a dar por cada país. Por un lado, la dictadura se comprometía «en el plazo más breve posible» a firmar contratos con la empresa Astilleros Españoles para la construcción de «dragas y remolcadores de diversos tipos y eventualmente otro tipo de buques a sugerencia de la Secretaría de Estado de Intereses Marítimos», por un valor aproximado de 140 millones de dólares.

Además, el Gobierno Militar garantizaba que se otorgarían «las máximas facilidades» para que las instituciones y empresas del sector público o privado argentino adquiriesen a España «bienes de capital por un valor de 150 millones de dólares» que serían financiados mediante la línea de crédito otorgada por Madrid.

Las otras cifras

Sólo durante los tres días que duró la visita del ministro español a Buenos Aires —entre el 1 y el 3 de diciembre— desaparecieron más de 100 personas. Los ciudadanos españoles, a pesar del apoyo económico que este país prestaba a la dictadura argentina, tampoco escaparon del horror. De hecho, pocas semanas después de rubricar el pacto financiero con el gobierno de Suárez, los subordinados de Videla no tuvieron ningún inconveniente en secuestrar, torturar y asesinar a un joven gallego que vivía en Buenos Aires. Se llamaba Urbano López Fernández, tenía 28 años, era auditor contable y en pocos meses iba a ser padre por segunda vez. El 31 de diciembre de 1976, mientras algunos brindaban, Urbano era fusilado junto a otros cuatro jóvenes.

La desaparición de este ciudadano español no pareció inquietar demasiado al Gobierno de Suárez, que decidió continuar adelante con los negocios previstos. Entre el 22 y el 27 de abril de 1977, una delegación militar argentina, encabezada por el capitán de navío Raúl Francisco Bondoni, se trasladó a Madrid con el objetivo de firmar varios contratos "para la provisión por parte de Astilleros Españoles de un tren de dragado, dique seco, seis remolcadores de diversos elementos flotantes y material portuario de apoyo por un valor aproximado a los 220 millones de dólares", señala otro de los documentos reservados.

De acuerdo a distintos informes elaborados por la embajada de Argentina en España, las relaciones comerciales entre ambos países alcanzaron su máximo histórico en plena dictadura. Por ejemplo, en 1977 se produjo «un notable incremento del comercio global que alcanza los 450,8 millones de dólares, cifra que no registra precedentes hasta el presente», destacaba la Consejería Económica de la Embajada en un informe. También resaltaba que el comercio entre España y Argentina «ha mantenido, en general, una tendencia creciente, que se ha producido por el aumento conjunto de las importaciones y exportaciones españolas a nuestro país. En este periodo, el comercio global pasó de 14,7 millones de dólares en 1961 a 450,8 millones de la misma moneda en 1977, lo que representa un ritmo de crecimiento anual promedio del 23,8%».

Falsa caridad

Los negocios secretos entre España y Argentina no habrían tenido un final feliz, al menos desde la óptica de los funcionarios de la dictadura. En abril de 1983, cuando ya faltaba muy poco para que el régimen se desvaneciera, el nuevo consejero comercial de la embajada argentina en España, Sebastián Iturrioz, elaboró un informe en el que desmontó la supuesta caridad de políticos, empresarios y banqueros españoles. En su nota de carácter «reservado», el funcionario advertía que «España hizo su negocio sin otorgar ninguna concesión».

Entre otros puntos, Iturrioz advertía que los acuerdos alcanzados entre ambos países en materia pesquera «permitió a la flota española desembarazarse de numerosas unidades —algunas obsoletas— que habían quedado inactivas». Además, el Gobierno de Suárez «desequilibró la relación societaria entre las partes y sometió al socio argentino (mayoritario) al arbitrio de la voluntad de aquél». «Otro gran acierto de España —añadía el consejero— consistió en su intensa participación en obras públicas que le fueron adjudicadas sin contrapartidas y —a veces— en perjuicio de las propias empresas argentinas», destacaba. Las reuniones con la Madre Patria, siempre bañadas en whisky y canapés, ya eran parte del pasado.

Las cinco grandes mentiras de Madrid 2020

Por #NoNosVamosNosEchan (Capítulo Argentino)

5 de Septiembre de 2013

Convocamos concentración contra la celebración de los mismos en Madrid a las inmediaciones del Teatro Colón de Buenos Aires (Viamonte y Cerrito) el día 6 de septiembre a las 19:00, donde tendrá lugar el recibimiento de las autoridades españolas por parte del Comité Olímpico.

Buenos Aires será la ciudad donde se decida, los días 6 y 7 de septiembre, si Madrid será la ciudad que albergue los Juegos Olímpicos de 2020, tras dos intentos fallidos y enormes recursos empleados(2012 y 2016). La pregunta es evidente, ¿necesita la ciudad organizar tal evento?

En un país que está siendo laboratorio de las políticas de austeridad y recorte sobre los derechos sociales, ¿qué consecuencias tiene un evento de esta magnitud?. Toda la estructura empresarial española ha difundido cinco grandes mitos en torno a esto:

Madrid 2020 generará empleo –FALSO–: Si Madrid organizase los Juegos, se generaría empleo temporal, orientado a cubrir las necesidades del evento antes, durante y después del mismo, de muy corto plazo y de muy baja cualificación. Con casi 4.700.000 parados y un 27 por ciento de tasa de desempleo, la patronal madrileña ha resaltado «la buena disposición de mano de obra» [sic] para el desarrollo de los Juegos Olímpicos.

Es una salida frente a la crisis económica –FALSO–: los Juegos Olímpicos son una reactivación económica para negocios que dependen de la financiación pública: construcción de estadios, complejos hoteleros, infraestructuras para grandes eventos, que sólo sirven para un período determinado. Es además una inversión pública que se hace con el recorte de fondos en sectores como educación, sanidad, investigación, etc. Rubros gravemente afectados por las políticas de austeridad.

Necesario y asequible –FALSO–: Madrid 2020 implica un agujero financiero a las arcas municipales que obligaría al Ayuntamiento a pedir un «rescate» financiero al Gobierno español para sufragar los costes de inversión. El Ayuntamiento tiene una deuda actual de 8.321 millones de euros derivados del coste de los preparativos de la candidatura, y durante el año 2012 llegó a pagar 1.000 millones en concepto de intereses de la deuda. La propia Roma decidió no competir como candidata para los Juegos de 2020 por orden expresa del entonces presidente italiano Mario Monti, que veía un gasto innecesario y poco rentable.

Sólo faltan 30 millones de euros –FALSO–: En total, el presupuesto de la candidatura madrileña asciende a 1.593 millones de fondos públicos. Una cifra irreal que solo basta compararla con otras ciudades: Atenas proyectó 1.600 millones de dólares y terminó pagando 16.000 millones, mientras que Pekín calculó 16.000 milllones de dólares y terminó pagando 40.000 millones.

Las infraestructuras son suficientes –FALSO–: Madrid es la ciudad candidata que más inversión ha hecho en infraestructuras, por delante de Tokio y Estambul. Sin embargo, el gobierno municipal madrileño y el Ejecutivo de Mariano Rajoy, han contemplado un recorte en el mantenimiento de servicios públicos básicos totalmente incompatible con las «infraestructuras» con las que presume la candidatura de Madrid: cierre de centros de atención local, subida de tasas municipales, eliminación de viviendas públicas, «limpieza» de los sin techo de las calles o negligencias como la del Madrid Arena, que costaron la vida de cinco jóvenes en 2012.

Madrid 2020 es un proyecto empresarial que nos va a costar muy caro a los contribuyentes. Junto al megaproyecto de Casinos liderado por el empresario norteamericano Sheldon Adelson, conocido como «Eurovegas», Madrid 2020 es una nueva vuelta de tuerca más en el latrocinio a las arcas públicas y un ejemplo de las intenciones de la política de austeridad impulsada por los gobiernos españoles y los organismos financieros internacionales: suprimir el gasto social y subvencionar con él los beneficios de las empresas participantes del megaproyecto. Políticas como las que impulsan estos grandes negocios con fondos públicos son las que nos han expulsado de nuestra tierra y nos han conducido a la emigración. Madrid 2020 es el ejemplo vivo de la corrupción y del saqueo.

La Iglesia, cómplice de los crímenes de la dictadura argentina

Nazaret Castro | Buenos Aires

EL MUNDO

Por primera vez en Argentina, unos magistrados han señalado en una sentencia la complicidad de la cúpula de la Iglesia católica con los crímenes de lesa humanidad cometidos en la sangrienta dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983.

Y lo han hecho con las siguientes palabras: «Seguramente los miembros del pueblo de Dios, así como la generalidad de la sociedad argentina, esperan de una institución de tanta significación como la Iglesia Católica una actitud de más nítido y claro repudio a los mecanismos y a quienes, de una manera u otra, permitieron y consintieron la comisión de gravísimos hechos como los que ahora juzgamos».

Se trata del tribunal oral que ha juzgado en la provincia de La Rioja el asesinato de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, desaparecidos en julio de 1976. En el fallo, el tribunal condenó a prisión perpetua a los responsables del doble crimen: el ex jefe del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez; el vicecomodoro, Luis Fernando Estrella; y el ex comisario riojano, Domingo Benito Vera.

Los magistrados hablan de «indiferencia», pero también de connivencia con el aparato represivo, fundamentalmente en lo que respecta a los ataques al Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo (MSTM). Se trata de una corriente progresista dentro de la Iglesia católica latinoamericana que trabajaba con las comunidades pobres que desde la década de los 60 se enfrentaba tanto a los sectores más conservadores de la jerarquía eclesiástica como al poder económico de terratenientes y oligarcas.

En un fallo de 417 páginas, los jueces José Camilo Quiroga, Jaime Díaz Gavier y Carlos Julio Lascano exponen que «no se trató aquí de hechos aislados y fuera de contexto, presididos por móviles particulares», sino «de un plan sistemático de eliminación de opositores políticos». Los curas asesinados «formaban parte de un grupo de la Iglesia considerado 'enemigo' y 'blanco'», y la cúpula eclesiástica estaba al tanto de ello.

Cerco al movimiento tercermundista

Los jueces recuerdan que las autoridades eclesiásticas ignoraron sistemáticamente las denuncias relativas a la persecución que sufrían los curas del entorno del obispo Enrique Angelelli, que murió en agosto de 1976 en lo que se archivó en falso como un accidente de tráfico. Angelelli falleció mientras transportaba documentos que informaban sobre la persecución a los curas tercermundistas, papeles que hoy han servido como pruebas del juicio, según publica el diario Página 12.

El mismo periódico desveló hace unos meses que varios miembros ejecutivos de la Conferencia Episcopal argentina se reunieron con el ex dictador Jorge Videla en 1978, un revelador encuentro al que también hace mención esta sentencia. En aquella ocasión, cuando se habló del «problema de los desaparecidos», el cardenal Juan Aramburu expuso: «El problema es qué contestar para que la gente no siga arguyendo».

Esa connivencia no es cosa del pasado. Los magistrados sostienen en la sentencia que, todavía hoy, se aprecia «la actitud reticente de autoridades eclesiales e incluso del clero, al esclarecimiento de los crímenes que ahora juzgamos». Los jueces detallan que, cuando intentaron inspeccionar la parroquia en la que fueron secuestrados Murias y Longueville, el párroco les impidió la entrada con el argumento de que se estaban realizando «ejercicios espirituales» en el templo, pese a que se había notificado la visita.

Criminalizar al disidente, el arma más potente

Comunicado de la Federación Obrera Regional Argentina frente a la nueva Ley Antiterrorista

Asociar la disidencia con la violencia es uno de los métodos más eficaces para acabar con cualquier atisbo de resistencia social, ya que amparándose en la defensa de la seguridad ciudadana, los gobiernos han encontrado un pretexto recurrente para aniquilar los derechos más elementales.

Acatando el consejo estadounidense que amenazaba con excluir a Argentina de la lista de países «confiables para los inversores», se ha promulgado una Ley Antiterrorista, que calcando el patrón diseñado desde hace décadas por las nefastas democracias neoliberales europeas, esconde una clara voluntad represiva contra militantes y luchadores sociales.

La normativa, basada en definiciones laxas, tipifica como terroristas actos sobre los que ni siquiera existe un consenso jurídico generalizado como las conexiones internacionales, la apología o la pertenencia a asociaciones ilícitas. Dicho de otro modo, bajo el telón del «terrorismo» se está enmascarando la criminalización de los cortes de ruta, el escrache, la solidaridad con detenidos políticos o reclamos tan básicos como la libertad sindical ya que «buscan obligar a un gobierno a cometer un acto».

Sin embargo, pese a que el abanico de posibles terroristas se ha ampliado de manera notable, no se encuentran incluidos en la Ley los dos actos de terrorismo más comunes en Argentina: el de Estado y el Patronal, que «mediante la comisión de delitos se proponen aterrorizar a la población, contando con armas y medios para poner en peligro la vida o integridad de un número indeterminado de personas».

Los casos de gatillo fácil, la muerte de militantes a manos de patotas sindicales, el trabajo en negro o lo precariedad laboral seguirán siendo delitos menores y por supuesto incomparables con actos tan peligrosos como manifestarse exigiendo mejores salariales o repartir panfletos que denuncien la brutalidad policial.

Así las cosas, a partir de ahora, todos somos terroristas o sospechosos de serlo hasta que se demuestre lo contrario. Mientras tanto, los verdaderos terroristas seguirán sentados en el Congreso y el Senado legislando.

Consejo Federal
FORA–AIT