jueves, 27 de marzo de 2014

¡Vivan los antisistema!


Los grandes medios de comunicación no se cansan de incriminar a los jóvenes que se enfrentaron con la policía el 22-M y, unos días más tarde, levantaron barricadas en la Universidad Complutense de Madrid, incendiando algunos contenedores. Para el ABC, El Mundo y La Razón son terroristas. El País no se muestra tan beligerante, pero su tibieza es un fiel reflejo de la cobardía de Alfredo Rubalcaba, que chapoteó en las turbias aguas del felipismo y toleró torturas y malos tratos mientras era Ministro del Interior con Rodríguez Zapatero. Se puede afirmar que los cinco periódicos de la plataforma Kiosko practican un periodismo de guerra, con las dosis de malicia, manipulación y sistemática deformación de la verdad que caracterizaron a la prensa del Movimiento. No está de más recordar que Juan Luis Cebrián, uno de los fundadores de El País, es hijo de Vicente Cebrián, alto cargo de la prensa del régimen franquista y director del diario falangista Arriba. Nadie es responsable de los actos de sus padres, pero en este caso se advierte que los lazos de parentesco corren paralelos a los lazos ideológicos. Salvo una minoría exaltada, las viejas oligarquías del franquismo deseaban reformar el régimen para integrarse en la CEE y la OTAN. El País desempeñó un papel esencial en esa operación, marginando a la izquierda revolucionaria y contribuyendo a crear el mito de la Transición. Durante años, ha disfrutado de un verdadero monopolio, dictando el discurso oficial de la izquierda y secuestrando a la opinión pública de orientación progresista. Su cruzada contra la Venezuela de Hugo Chávez, la izquierda abertzale y la Revolución cubana, dibujan con nitidez su línea de pensamiento.

Se ha mentido hasta la saciedad con los disturbios del 22-M. La UIP empezó a cargar tres cuartos de horas antes de que finalizaran los actos e infiltró a policías con pasamontañas. La reacción de algunos jóvenes constituyó un acto de resistencia perfectamente justificado en el contexto de violencia indiscriminada provocada por los agentes de la UIP, que probablemente ejecutaban órdenes de Cristina Cifuentes, Delegada del Gobierno en Madrid, e Ignacio González, Presidente de la Comunidad. El objetivo era fomentar el miedo y la resignación ante el nuevo modelo social creado con el pretexto de la crisis. Un modelo que ha exacerbado las desigualdades y ha convertido a España —según el último informe de Cáritas— en el segundo país de la UE con el mayor índice de pobreza infantil, únicamente superado por Rumanía. La pobreza infantil afecta al 29,9% de los menores de 18 años, casi nueve puntos por encima de la media de la UE. Ese dato explica en buena medida que España también ostente el récord de abandono escolar. Un 24,9% frente a un 12,7%. En Andalucía, el porcentaje sube hasta el 30%. En España hay 13 millones de pobres. Son el 29% de la población. Tres millones viven en la pobreza extrema, con unos 300 euros mensuales, a veces menos. La pobreza también se está cebando con las personas mayores. En los últimos cuatro años, ha crecido de un 7% a un 10,6%. Es un dato especialmente dramático, si se repara en que hay muchos hogares donde una pensión es la única fuente de ingresos. Por otro lado, los salarios han bajado tanto que es posible tener empleo y ser pobre. Es la situación del 12% de los jóvenes españoles. Muchos no podrán cotizar lo necesario para disfrutar de una pensión digna. Se habla de una generación perdida. Me gustaría recordar que esa expresión también se utilizaba en los 80 para referirse al paro juvenil. Las brutales reconversiones industriales y la precarización del empleo, que se agravaron con el Tratado de Maastricht o Tratado de la Unión Europea (1992), destruyeron el futuro de una generación y abocaron a España a concentrar su actividad económica en el mercado inmobiliario, generando una prosperidad ficticia. Está claro que el problema es la UE —un holding bancario controlado por Alemania y Francia— y salir del euro constituye la única solución para no seguir bajando peldaños en la escala del bienestar general. Según la revista médica British Medical Journal, los recortes en sanidad afectarán a la salud de los ciudadanos con menos recursos. De momento, crece imparable la ola de suicidios, alcoholismo y trastornos depresivos. Todo empeorará si se lleva a cabo la reforma fiscal propuesta por el Comité de Expertos de Manuel Lagares. Una reforma fiscal que incremente el IVA y reste progresividad al sistema tributario, disminuyendo la presión sobre las rentas más altas, sólo empeorará las cosas, pues las familias tendrán menos ingresos y el Estado no recaudará lo necesario para financiar los servicios públicos.

En su ensayo El delito de ser pobre. Una gestión neoliberal de la marginalidad, Albert Sales denuncia que el umbral del riesgo de la pobreza disminuye cada año. Se está criminalizando la pobreza hasta el extremo de aplicar sanciones penales injustas, desproporcionadas e innecesarias. En España, hay 15 veces más posibilidades de ser encarcelado que en el resto de la UE. La tasa de delitos es de las más bajas, pero las cárceles están superpobladas, con 66.995 reclusos, de los cuales 9.294 se hallan en prisión preventiva. El Informe del Defensor del Pueblo de 2013 afirma que cerca del 20% de las defunciones son producidas por sobredosis, pese a las medidas de seguridad, y 541 internos han presentado quejas o denuncias por «malos tratos, palizas, humillaciones, vejaciones o torturas». Albert Sales apunta que se responsabiliza a los pobres de su situación, acusándoles de «no ser suficientemente trabajadores o emprendedores». De hecho, «las personas asistidas por los servicios sociales» son objeto de «sospecha permanente» y son tratadas como «parásitos que se quieren aprovechar del sistema». Sales sostiene que se empuja a los ciudadanos más pobres a «barrios marginales y zonas de delegación». Al igual que en Estados Unidos, los servicios sociales tienden a derivar sus obligaciones a la caridad pública y a infantilizar a los personas con menos recursos, acusándoles de no saber gestionar su vida ni la de su familia.

Las agresiones contra los más débiles y vulnerables son cada día más crueles. En 2013, se cortó el agua por impago a 300.000 familias y se interrumpió el suministro eléctrico a 1.400.000 hogares. En un alarde de indignidad, el gobierno de Mariano Rajoy rechazó en la Comisión de Industria del Consejo la iniciativa de prohibir los cortes de luz a las familias sin ingresos. Esta ignominia revela una vez más que el poder político se encuentra en manos del gran capital. En el Estado español es indiscutible. En los países de la OCDE, el 10% más rico tiene el 50% del capital. En nuestro país, sube hasta un 65%. Al mismo tiempo, la mitad de la población no tiene nada en propiedad o está seriamente endeudada. Vicenç Navarro mantiene que esa asimetría es una de las principales causas de la desigualdad. De hecho, desde 2012 las rentas del capital superan a las rentas del trabajo. La clase capitalista, una minoría, posee más recursos que el conjunto de los asalariados. No es culpa de la globalización, pues Suecia y Noruega —apunta Navarro— se encuentran entre los países más globalizados del mundo. La suma de sus exportaciones e importaciones registra uno de los porcentajes del PIB más altos del mundo. Al mismo tiempo, sus salarios se sitúan entre los más elevados del planeta. ¿Por qué? Porque en esos países «el mundo del trabajo y sus instrumentos políticos y sindicales son muy fuertes y han ejercido una fuerte influencia sobre sus Estados». Con enorme lucidez y valentía, Navarro —un keynesiano sincero— afirma que las políticas neoliberales son políticas de clase, concebidas para explotar y oprimir a la clase trabajadora. Algunos no utilizan estos términos porque son anticuados, pero la ley de la gravedad también es antigua y no ha perdido vigencia. «Es suicida que los portavoces de las izquierdas, en teoría próximas a las clases populares, también consideren estos términos anticuados» (Vicenç Navarro, «La mayor [y más silenciada] causa del crecimiento de las desigualdades», 27-03-14, web aquí ).

La lucha de clases continúa y los que protestan en las calles son brutalmente reprimidos. En el colmo del cinismo, la prensa conservadora ha llamado la atención sobre la detención de Raquel Tenías, responsable de Relaciones con los Movimientos Sociales y Ciudadanos de IU Aragón. El «todo es ETA», clave de bóveda de la represión organizada por el Estado español, empieza a aplicarse a todas las fuerzas de izquierdas. La presencia de Tenías entre los detenidos por la UIP el 22-M se ha explotado para atribuir intenciones revolucionarias e insurgentes a la moderada y timorata IU. Nada más lejos de la realidad. Tenías echó a correr con una amiga cuando los antidisturbios cargaron. Un agente la derribó y la inmovilizó en el suelo. Trasladada a la comisaría de Moratalaz por «atentado contra la autoridad», pudo comprobar por qué llaman a ese indigno lugar el «Guantánamo de Madrid»: vejaciones verbales, comentarios ofensivos, detenidos apaleados, denegación de ayuda médica a una enferma de diabetes, obligación de permanecer horas de pie mirando a la pared, calabozos sin retretes ni iluminación. Nada en comparación con lo que acontece durante el régimen de incomunicación contemplado por la legislación antiterrorista. En la España de 2014, sobran motivos para protestar. No hay vías pacíficas y democráticas de cambio, pues tanto el PP como el PSOE e IU han cumplido fielmente las órdenes de la troika. Los jóvenes que queman contenedores no son vándalos ni terroristas. Sólo expresan la rabia de una sociedad pisoteada, humillada y oprimida. Para muchos, encarnan el último vestigio de esperanza y la dignidad, y quizás la primera línea de un necesario cambio social, donde la solidaridad y la libertad reemplacen a la represión y la desigualdad. La Comuna de París puede renacer en el lugar más imprevisible y esta vez no debería olvidar que las revoluciones no se pueden hacer a medias, sin cavar su propia tumba.

1 comentario:

  1. Ni más ni menos que la cruda realidad. Bien por Narbona.

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