El sindicato reclama su documentación histórica, que Cataluña ha entregado a un grupo escindido en 1996
La Confederación Nacional del Trabajo, el histórico sindicato CNT, ha decidido acudir también a los tribunales ante lo que considera ilegalidades en el proceso de restitución documental del Archivo. En concreto, ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, reclamando la titularidad de los documentos enviados desde Salamanca a la Generalitat, incautados en su día a la CNT.
Estos documentos, en su mayoría carnets de afiliación y tarjetas personales, fueron entregados por el Ministerio de Cultura a la Generalitat en el proceso de restitución a particulares y organismos con sede, residencia o delegación en Cataluña, tal y como marca la ley. Según el texto, una vez recibidos por la administración catalana, esta debería transferirlos a sus legítimos propietarios o sus herederos.
Sin embargo, según el recurso de la CNT, la Generalitat ha reconocido como titular de estos papeles a la agrupación CNT-Joaquín Costa, un grupo escindido de la CNT y creado como colectivo independiente en el año 1996.
La administración catalana firmaba un convenio con esta agrupación por el que, reconociendo que ella sería la legítima propietaria de los miles de documentos enviados desde Salamanca, estos no lleguen a los particulares sino que permanezcan en el Archivo Nacional de Cataluña.
Este paso se producía precisamente después del escrito remitido por el Secretario Permanente del Comité Confederal de la CNT en diciembre de 2011, en el que exigía el reconocimiento de la titularidad de la documentación incautada en su día por las tropas franquistas a la CNT y lamentaba que la Ley de Restitución tuviera «un marcado carácter político partidista, llegando a ser casi prevaricadora, al favorecer al Gobierno catalán para recuperar toda la documentación que se encontrara en su territorio cuando acabó la Guerra Civil».
La CNT denunciaba en su día el «afán usurpador» de la Generalitat con documentación que considera de su propiedad, lo que calificaba como «perversión política, una indignidad histórica y el mantenimiento de una injusticia innombrable con los que fueron víctimas de la dictadura franquista».
Tras este escrito, la Generalitat negoció el reconocimiento de la titularidad al grupo Joaquín Costa, en una decisión que la CNT ha llevado a los tribunales, pero que también ha tenido episodios similares —siempre a cambio del mantenimiento de los originales en el Archivo Nacional del Cataluña— con la entrega de documentación del Partido Comunista de España al PSUC (Partit Socialista Unificat de Catalunya) o los cerca de 60.000 papeles del CADCI (Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Industria) a una entidad refundada y cuya continuidad ha sido negada reiteradamente en los tribunales a la hora de serle restituidos los bienes inmuebles del colectivo primitivo incautados durante la guerra.
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