Soma, reducción de costes, subcontratas y recortes en seguridad. Indignación en el país, que no ha ratificado el Convenio Internacional en Seguridad de Minas y donde ha muerto un centenar de mineros al año desde 1991.
21/05/14
Los rostros, ennegrecidos por el carbón, de impotencia, rabia y tristeza de los mineros supervivientes del accidente del pasado 13 de mayo en Soma, Turquía, nos han recordado que un siglo y medio después, la magistral novela Germinal, en la que Émile Zola plasmó las terribles condiciones de trabajo bajo tierra, podría haberse escrito hoy.
Y es que Soma, la peor catástrofe minera de Turquía, en la que han perdido la vida más de 300 trabajadores, es para muchos más que un «accidente laboral, habitual, como pasa en todo en el mundo», como lo calificó el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan.
Modelo desarrollista
Soma es, como lamentan no pocas voces, la punta del iceberg del modelo de desarrollo económico turco. Un modelo desarrollista, económicamente neoliberal y políticamente autoritario, destinado a modernizar el país a golpe de cemento y de grandes proyectos de infraestructuras en pro del crecimiento macroeconómico (entre 2003 y 2008 el PIB creció en torno al 7,2% anual, uno de los más altos del mundo).
Un modelo que avanza, como denuncian distintas organizaciones sociales y políticas, pisoteando la cuestión medioambiental (el parque Gezi, en Estambul, que provocó la ola de protestas el año pasado, es un pequeño ejemplo de ello), así como los derechos laborales, sociales y políticos de un país marcado por sus enormes disparidades sociales y regionales y su alta siniestralidad laboral. Turquía ocupa el tercer peor puesto del mundo en accidentes laborales por número de habitantes, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aunque, tras la catástrofe de la semana pasada, puede pasar a ser el primero.
«Soma, ¿la consecuencia inevitable de un productivismo ciego?», se pregunta el investigador Jean-François Pérouse, director del Instituto Francés de Estudios de la Anatolia, en un artículo en el que explica cómo en los últimos diez años, y debido al aumento del precio del petróleo y el gas a nivel internacional, numerosos Estados, como Turquía, han impulsado la producción de carbón y lignito (carbón fósil) destinados a generar electricidad y reducir así su dependencia energética exterior. Así, el país euroasiático ha entrado al siglo XXI intensificando sus prospecciones mineras y reabriendo minas que habían sido abandonas en los años 90, cediendo su explotación al capital privado, con todo tipo de facilidades a empresas, nacionales o extranjeras (especialmente chinas), para explotarlas.
Un proceso de privatización, impulsado con leyes como la aprobada en 2005 bajo el Gobierno de Erdogan, destinado a reducir los costos de extracción y aumentar la producción. El propietario de Soma Holding, la empresa explotadora de la mina donde fallecieron cientos de mineros el 13 de mayo, se comprometió en julio de 2013 a reducir el costo de extracción de la tonelada de carbón —que llegaba a los 130-140 dólares cuando era explotado por la empresa pública TKI— a 25 dólares. Y abaratar los costos significa, entre otras cosas, bajar los salarios de los trabajadores (menos de 350 euros para un minero en Turquía), así como los costes de mantenimiento y de seguridad.
Unas tareas que Turquía ha cedido a empresas subcontratistas y que se realizan sin ningún tipo de control público, según denuncia el Colegio de Ingenieros y Arquitectos (TMMOB). Esta organización ya constató en un estudio realizado entre 2000 y 2008 que las explotaciones privadas tenían una tasa de muertes seis veces más alta que las de gestión pública. El TMMOB ya había alertado en 2010 de la falta de medidas de seguridad en las minas de Soma. Una peligrosidad conocida en el país y que llegó incluso a la Asamblea Nacional, donde los partidos de la oposición formularon una petición para investigar las condiciones en las minas de Soma. La propuesta fue rechazada justo el pasado 29 de abril por el partido gubernamental, el conservador-islamista AKP, muy vinculado a las empresas extractoras y que sigue sin querer firmar la Convención de la OIT sobre la Seguridad y la Salud en las Minas, en un país donde desde 1991 han muerto un centenar de mineros al año.
«Es un asesinato»
«No es un accidente laboral, es un asesinato», declaró el sindicato DISK, uno de los que han convocado una huelga general de protesta por el accidente en Soma. La indignación y las protestas por la tragedia minera se han extendido por todo el país, en las principales ciudades y en la contestataria región del Kurdistán, sobre todo después de que el Gobierno no haya asumido ningún tipo de responsabilidad (de momento se ha detenido a responsables de la empresa explotadora) y con las imágenes de las patadas que un asesor del primer ministro dio a un manifestante en Soma.
A dos semanas del primer aniversario de las grandes manifestaciones que estallaron en Taksim (Estambul) contra el autoritarismo del Gobierno y a escasos tres meses de las elecciones presidenciales, en las que se espera que se presente como candidato el actual primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, está por ver si se repetirán los resultados de las municipales de marzo, donde el AKP y Erdogan resultaron vencedores, a pesar de numerosos escándalos políticos y de corrupción. Dado el carisma que mantiene Erdogan en la Turquía más tradicional y conservadora, así como la falta de alternativas políticas a la izquierda, será difícil que Soma se traduzca en repercusiones políticas mayores. Aunque, leyendo a Zola, quizás sí algo esté germinando en Turquía.
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