21/04/13
Un grupo de trabajadores de la construcción se relaja sentados en la acera en el centro de Ciudad de El Cabo, disfrutando de su almuerzo. Cada minuto es precioso, nadie tiene prisa por volver al trabajo. «Nos pagan con cacahuetes», dice un albañil con un diente de oro. Con un sueldo equivalente a 1.470 dólares al mes, su situación no es tan mala. En el período previo a la Copa del Mundo de Futbol de 2010, los sindicatos de la construcción consiguieron aumentos salariales del 13 a 16% con la amenaza de no acabar las obras a tiempo. Son la excepción.
Desde el 16 de agosto la tensión ha sido extrema en Sudáfrica. Ese día la policía mató a 34 huelguistas en la mina de platino de Lonmin en Marikana, cerca de Johannesburgo, un incidente de gran importancia simbólica, porque el que las fuerzas de la ley disparasen contra los manifestantes recordó a todos la era del apartheid. Sin embargo, Sudáfrica es ahora un estado democrático y multirracial, que gobierna desde 1994 el Congreso Nacional Africano (ANC). Los huelguistas fueron parte de su base electoral histórica, la mayoría pobre y negra de Sudáfrica. Según las cifras oficiales, los hogares pobres (62% negros, 33% mestizos) representan la mitad de la población (25,5 millones) de este país industrializado, el único mercado emergente en el África sub-sahariana.
La reacción a la matanza Marikana recuerda la masacre de Sharpeville, el 21 de marzo de 1960, cuando las fuerzas del régimen del apartheid (1948-1991) mataron a 69 personas de raza negra en esa localidad, a 60 kilómetros de Johannesburgo. Se habían manifestado contra la obligación de los «no-blancos» de llevar siempre sus permisos de residencia fuera de sus zonas de origen o áreas designadas. Cuando la noticia llegó a Ciudad del Cabo, los manifestantes en el barrio negro de Langa quemaron los edificios públicos.
Desde Marikana ha habido huelgas salvajes en las minas, los transportes y las explotaciones agrícolas. Los trabajadores agrícolas en la provincia de El Cabo Occidental han exigido que su salario se duplique, desde un salario mínimo de 75 rand por día a 150 rands (20 dólares). Ha habido enfrentamientos con la policía, quema de viñedos y saqueo de tiendas. Los trabajadores han sido despedidos, pero no hay diálogo social. En noviembre dos jornaleros fueron asesinados durante una manifestación en la localidad de De Doorns, a 180 kilómetros de Ciudad de El Cabo.
Los mineros Lonmin habían exigido un aumento salarial de 540 a 1.620 dólares al mes. Después de una huelga de seis semanas, consiguieron un aumento del 22% y un bono de 255 dólares. Con la ayuda del Congreso de Sindicatos de Sudáfrica (COSATU), los trabajadores del campo de la zona de De Doorns consiguieron un aumento del 52% en febrero, con lo que su sueldo es ahora de 105 rand (13,50 dólares) al día. «Es como la propagación del cáncer», cuenta Andile Ndamase, un delegado sindical en una empresa de cemento en Ciudad del Cabo y miembro desengañado del ANC. «Los disturbios comenzaron mucho antes de Marikana, y desde entonces sólo ha empeorado. Luchamos por un mañana mejor, y nos estamos cansando de esperar que llegue».
Herencia política
La lucha social es parte de la herencia política de la época del apartheid. Los sindicatos negros afiliados a COSATU fueron legalizados en 1985 por un régimen racista que tenía la espalda contra la pared y necesitaba socios con los que negociar. Mientras Nelson Mandela estaba aún en la cárcel y el ANC prohibido, Cosatu participaba en un gran movimiento de protesta. Sus llamamientos a una huelga general nacional contribuyó a paralizar la economía de Sudáfrica, bajo la presión de las sanciones internacionales desde 1985.
Hoy los sindicatos negros, que tienen 2,2 millones de afiliados, exigen políticas sociales reales del Gobierno y mejores condiciones de trabajo para todos. Sin embargo, los sindicatos están en el Gobierno. En 1990 Cosatu, el Partido Comunista de Sudáfrica y el ANC formaron una alianza «revolucionaria» tripartita para un cambio social profundo. El ala izquierda del ANC se compone de comunistas y sindicalistas, a los que el ANC trata de controlar cooptándoles a puestos clave. Muchos dirigentes del Partido Comunista ocupan importantes puestos ministeriales y representantes de Cosatu se sientan en el comité ejecutivo nacional del ANC. Esto socava la credibilidad de su oposición a la política económica neoliberal del ANC.
¿Veremos el cambio?
A primera hora de la mañana, la estación de tren de Khayelitsha, el mayor barrio negro de Ciudad del Cabo, esta llena de gente que compra billetes. Un viaje de ida a la ciudad cuesta 8,50 rand (1,15 dólares), un abono de transporte público mensual 13,50 dólares, 5% del salario medio de un guardia de seguridad privado (270 dólares). En el tren, las mujeres recuperan sueño con una cabezada, mientras que los vendedores se pasean arriba y abajo vendiendo patatas fritas, refrescos, calcetines y pendientes. En Ciudad de El Cabo, muchos de los pasajeros se dirigen a la estación de autobuses, en la parte de arriba de la estación de tren, donde minibuses y taxis esperan para trasladarlos a los suburbios residenciales blancos en los que trabajan. Estos taxis privados compensan las importantes deficiencias del sistema de transporte público. Desde el amanecer hasta el anochecer cubren la mayor parte de las necesidades de transporte de los sudafricanos negros que no poseen un coche. El viaje cuesta 5 rand.
«Me temo que las ruedas se están saliendo», dice Sipho Dlamini, de 60 años, refiriéndose a la situación política. Se describe a sí mismo como un héroe anónimo de la lucha contra el apartheid. Como miembro del ala militar del ANC, el MK, pasó la mayor parte de su vida luchando por ver el cambio. («En nuestra vida» era una consigna de los sudafricanos de los años 1980, recordando a las generaciones que habían luchado sin conseguirlo desde que el ANC fue fundada en 1912.) Dlamini esta decepcionado, no sólo por la corrupción de la élite negra, sino también por los disturbios: «Ocurren tan a menudo, que nadie les hace caso». Los datos policiales revelan que Sudáfrica tuvo un promedio de tres motines al día entre 2009 y 2012. Lo que supone un aumento del 40% en 2004-2009, según el sociólogo Peter Alexander, de la Universidad de Johannesburgo.
El problema en Marikana fue provocado por una gran injusticia: los capataces de la mina Lonmin consiguieron un aumento de sueldo, pero no los picadores que sacan el mineral. Otro problema es la utilización creciente por parte de la dirección de la mina de contratistas privados de mano de obra temporal para debilitar el poder de los sindicatos. Cosatu ha condenado esta práctica, pero mira para otro lado. Sus amigos del ANC —incluyendo el director de la gran empresa JIC de Servicios Mineros, Duduzane Zuma, hijo del presidente de Sudáfrica— tienen amplios intereses en la industria minera.
El Sindicato Nacional de Mineros (NUM), afiliado a Cosatu, es uno de los mayores sindicatos, con más de 310.000 afiliados. En Marikana fue por primera vez incapaz de manejar un conflicto laboral, y la Asociación Sindical de Mineros y trabajadores de la Construcción (una escisión del NUM) asumió la dirección del movimiento de protesta, prometiendo un aumento salarial del 300%.
La falta de diálogo social es casi total en el sector minero. Incluso después de la tragedia, la dirección de Lonmin mantuvo su ultimátum a los mineros para que volviesen al trabajo y su amenaza de despedirlos. No se trata solo de un vestigio de apartheid. «La politización de los conflictos sociales, que socavan la autoridad del ANC y sus dirigentes, asustan a los grandes grupos mineros», segúnThaven Govender, un joven importador y comercializador de equipos de minería. «De hecho, todo el mundo —los huelguistas, los sindicatos y el ANC— perderán como resultado de este embrollo. Las grandes empresas mineras emplean a personas porque el trabajo es barato en Sudáfrica. Pero para evitar otro Marikana, van a mecanizar las operaciones y reducir plantillas tan rápido como sea posible». En enero, la empresa Anglo-American Platinum, que también tuvo huelgas del año pasado, anunció una reducción 14.000 empleos en dos de sus minas, alrededor del 3% de su fuerza de trabajo.
El presidente Jacob Zuma visitó Marikana, pero unos días después de los asesinatos. No se entrevistó con los mineros y habló sólo con la dirección de Lonmin. Su rival político Julius Malema, de 31 años, ex presidente de la Liga Juvenil del ANC, expulsado del ANC en abril del año pasado por «falta de disciplina», lo aprovechó. Malema, que se ha convertido en el portavoz de los miembros de base decepcionados del ANC, ha hecho suya la causa de los huelguistas. Les acompaño a los tribunales, donde 270 fueron acusados inicialmente de asesinato en virtud de una antigua ley antidisturbios del régimen del apartheid (los manifestantes podían ser acusados de asesinato, alegando que habían provocado a las fuerzas de seguridad). Ante la protesta pública, los cargos fueron retirados y se creó una comisión de investigación. Malema aprovechó la oportunidad para defender la nacionalización del sector minero y denunciar la connivencia entre el Gobierno, la burguesía negra, los sindicatos y las empresas «sobradas de capital» (es decir, la corrupción legalizada).
«Somos libres sólo en el papel»
Los observadores se preguntan que estallará primero bajo la presión social: la ANC o Cosatu. Pero las fuerzas implicadas son mucho más complejas que lo que pueda explicar una simple polarización izquierda-derecha, y están impidiendo la escisión.
Nada de esto le interesa a Dumisane Goge, 20 años, que «nació libre» después de la caída del régimen del apartheid. No tiene la menor intención de votar en las próximas elecciones generales, en 2014: «Somos libres sólo en el papel», dice. «El derecho de voto no tiene sentido cuando hay que elegir entre el ANC y el ANC.» Cuando tenía 16 años pasó cuatro meses en prisión por robar con unos amigos en una tienda. Decidido a no volver a la cárcel, retomó sus estudios, pasó sus exámenes de bachillerato y se matriculó en un curso de marketing en Ciudad de El Cabo, que paga trabajando a tiempo parcial en una gasolinera. Él no espera nada de los políticos profesionales y le indigna que «Zuma está construyendo un palacio que costará 240 millones de rand [ 31 millones de dólares ] en Nkandla, su pueblo natal en KwaZulu-Natal, cuando los niños en las escuelas no tienen ni siquiera libros de texto».
La burguesía negra de Sudáfrica vive lejos de las ciudades-miseria segregadas (townships), y no gastan ni invierten allí su dinero. Su gusto por el lujo y la riqueza se puso de manifiesto en el periodo de Thabo Mbeki (presidente de 1999 a 2008), gracias al rápido crecimiento económico de la década del 2000. Pero desde que Zuma llegó al poder en 2009, el arzobispo Desmond Tutu y el Consejo de las Iglesias de Sudáfrica han estado denunciando una «decadencia moral» mucho más preocupante que el precio de las gafas de sol que llevan los «revolucionarios Gucci». «Es muy evidente que muchas relaciones sociales están motivadas por la codicia», dice un abogado de negocios negro, que pidió permanecer en el anonimato. «La gente habla de sexo en las cenas, y no sólo en relación con nuestro presidente polígamo. La corrupción es generalizada...» Un ex alto ejecutivo de De Beers acusado de corrupción respondió: «Usted no consigue nada por mahala [nada]».
Al igual que los disturbios de los pobres, los asesinatos políticos no aparecen en las primeras páginas de los periódicos en Sudáfrica. Sin embargo, en las regiones de KwaZulu-Natal, Limpopo y Mpumalanga, la gente mata por puestos en la administración en los que es probable que les ofrezcan sobornos y jugosas comisiones a cambio de contratos públicos de obras. Lydia Polgreen, directora de la oficina de Johannesburgo del New York Times, se ha ganado los odios del ANC escribiendo sobre este fenómeno.
La creciente violencia es preocupante en un país que sigue siendo un modelo de democracia en África. Antes del último congreso del ANC, en diciembre, los afiliados llegaron a las manos en la selección de los delegados. Se tiraron sillas en la provincia de El Cabo Oriental, hubo peleas a puñetazos en la Provincia del Noroeste y una banda armada interrumpió una reunión del ANC en un municipio en East Rand, cerca de Johannesburgo. Los simpatizantes de Zuma amenazaron con atacar violentamente a los partidarios del vicepresidente Kgalema Motlanthe, que presentaba su candidatura a la presidencia del partido. La afiliación del ANC ha crecido rápidamente en los últimos meses, lo que ha provocado rumores de que han sido «votos fantasma» los que han dado la victoria a Zuma. Las encuestas de opinión daban la ventaja a Motlanthe, que tiene una imagen de mayor integridad.
El ANC, que ganó las dos tercios de los votos en las primeras elecciones democráticas de Sudáfrica en 1994, actúa a la vez como Gobierno y oposición, ante la falta de otros partidos capaces de hacer oír su voz en el debate. Sólo la Alianza Democrática tiene peso propio. Está liderada por Helen Zille, de 61 años, una mujer blanca, ex alcaldesa de Ciudad de El Cabo y actualmente el primera ministra de la región de El Cabo Occidental. El partido tiene afiliados blancos y mestizos, pero mucho menos éxito entre la población negra. Con el 16,6% de los votos en 2009, sólo tiene 67 de los 400 escaños en el Parlamento de Sudáfrica, mientras que el ANC tiene 264.
Decisiones detrás de las cortinas
Años de clandestinidad, sospechas e infiltrados de la rama especial de la policía del régimen de apartheid han creado una cultura política peculiar en el ANC. «Las cosas importantes se deciden tras bambalinas, no en público», según el politólogo sudafricano William Gumede. La unidad de la organización es sacrosanta, aunque el enemigo de ayer, los «Nats» afrikaners (Partido Nacional), han desaparecido de la escena política. Hacer pública cualquier disidencia interna sigue siendo tabú, y la relación del ANC con la prensa es tensa.
Los militantes del ala izquierda del partido que creen que está traicionando sus ideales a menudo se expresan en un lenguaje velado. El secretario general de Cosatu, Zwelinzima Vavi, que se cuenta entre los mayores críticos de Zuma, es más directo. Ha atacado «la corrupción, la mediocridad, las malas políticas» del ANC y lo acusó de ser un partido que solo defiende «chorradas inconsecuentes... se trata de vuelos aéreos, libros de texto, o la corrupción», en referencia a la falta de rendición de cuentas en los niveles más altos del partido. Sospechan de él que quiere promover un partido opositor y ha recibido amenazas de muerte.
La lucha de poder dentro del ANC son insidiosas y violentas. Después de vencer a su rival para la presidencia Cyril Ramaphosa en la década de 1990, Mbeki cesó a Zuma, su vicepresidente, que fue juzgado por violación y corrupción. Poco le costó a Zuma presentar las acusaciones como otra conspiración maquiavélica de un jefe de estado conocido por sus trucos sucios. Lo que le permitió movilizar un amplio apoyo.
Mbeki, un tecnócrata educado en el Reino Unido, era visto como un político poco carismático, sin contacto con la gente corriente e incapaz de aceptar críticas. Zuma se presentó como un auténtico zulu: un polígamo —como algunos jefes de aldea en KwaZulu-Natal, pero muy pocos habitantes de las ciudades—, que había ganado sus galones en combate. Sus amigos se referían a él como un «verdadero africano» y un «titán político». Su victoria electoral dejó al ANC profundamente dividido tras el congreso de Polokwane en 2007. El primer signo de disidencia se produjo en octubre de 2008, cuando Mosiuoa «Terror» Lekota, un antiguo ministro leal a Mbeki, fundó un nuevo partido, el Congreso del Pueblo. Fue calificado de inmediato de traidor por el ANC y sólo obtuvo el 7,42% de los votos en las elecciones generales de 2009.
A la defensiva
Desde Marikana, Zuma ha repetido en diversas ocasiones que no hay una crisis de liderazgo en Sudáfrica. Cuando no se refugia negándolo, está a la defensiva. Se esconde detrás de las canciones de lucha contra el apartheid como Umshini Wam («Traedme mi ametralladora») y Somlandela Luthuli («Seguiremos a Luthuli», el único otro zulu que ha sido presidente del ANC), y se defiende a golpe de estadísticas, como el número de nuevas viviendas construidas y el de familias que ahora tienen agua y electricidad, aunque nunca mencione el número de empleos creados o de sudafricanos negros que se han graduado en la Universidad.
El desempleo es oficialmente del 25,5% y las desigualdades sociales casi no disminuyen. Los «diamantes negros» —la clase media negra que surgió en la década del 2000 y en la que los economistas tenían tan grandes expectativas— han resultado ser sólo «zircs cúbicos» (cubic zirconia, diamantes falsos) como los llaman sus críticos más acerbos. De acuerdo con el economista de izquierda afrikaner Salomón Johannes Terreblanche, «las políticas del ANC han creado una elite negra de 2 millones de personas, y una clase media de 6 millones. La brecha entre estos 8 millones de negros ricos y los 20-25 millones de personas pobres ha crecido peligrosamente».
Veinte años después del fin del apartheid, en Sudáfrica los blancos siguen ganando más que los negros: seis veces más, de acuerdo con el censo de 2011; su ingreso medio es de 49.275 dólares, comparado con los 8.100 dólares de las familias negras. No existe un salario mínimo nacional, pero hay distintos salarios mínimos en ocupaciones identificadas por el Gobierno como las más vulnerables, donde los sindicatos son menos activos y los trabajadores están a merced de sus empleadores: el servicio doméstico, los trabajadores agrícolas, trabajadores de limpieza, seguridad privada, taxistas y trabajadores del comercio minorista. El último aumento de sueldo de los funcionarios públicos fue en diciembre de 2011, cuando el salario mínimo se aumentó a 1.625,70 rands (216 dólares) al mes para aquellos que trabajan más de 27 horas a la semana y 1.152,32 rands (155 dólares) para los que trabajan menos de 27 horas.
Las ayudas sociales —la subvención por hijos y las prestaciones de vejez— son la única fuente de ingresos de 54,7% de los hogares pobres, de acuerdo con los resultados de una encuesta realizada en noviembre por el Servicio de Estadísticas de Sudáfrica. La encuesta también reveló que uno de cada cuatro sudafricanos no tiene suficiente para comer. Varios ministros del ANC se han opuesto a la introducción de una Renta Básica Garantizada (BIG), un ingreso mínimo para los adultos físicamente capaces, ya sean empleados o desempleados, porque lo consideran un subsidio al «alcoholismo y la lotería». Después de más de una década de debates, el BIG aún no ha sido legislado.
Mientras tanto, la desesperación es evidente. En Khayelitsha, algunos ahogan sus penas con música gospel, otros con dagga (marihuana), mandrax (metacualona) o tik (metanfetaminas).
* Sabine Cessou, periodista, ha sido corresponsal de Liberation en Johannesburgo (1998-2003), y co-autora de Winnie Mandela. L´âme Notre de L´Afrique du Sud, Johannesburg. La fin de l´apartheid y Afrique du Sud.
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