El caso del estudiante que saltó por la ventana de la comisaría

Ocurrió en enero de 1974, en plena efervescencia antifranquista: el detenido, José Luis Cancho, cayó desde un tercer piso tras ser interrogado

ENRIQUE BERZAL

El Norte de Castilla

2 agosto 2014

Aquel caso traspasó las fronteras de Valladolid para colarse en los medios de información de la clandestinidad con polémica y estruendo. Era enero de 1974. José Luis Cancho Beltrán, conocido militante de la extrema izquierda vallisoletana, era noticia a su pesar: «Destacado miembro de la organización [PCEi] con múltiples antecedentes, el cual, al iniciarse la diligencia de su declaración, a las 10 y 10 del día de hoy, intentó fugarse: saltó por la ventana a un tejado de la cochera de Jefatura, que no consiguió alcanzar, cayendo al patio de la misma. Fue ingresado en la Residencia Sanitaria Onésimo Redondo».

De esta manera reproducía El Norte de Castilla, el 19 de enero de 1974, la nota enviada por la Jefatura Superior de Policía sobre lo acecido el día anterior. El relato policial detallaba los antecedentes del caso: «En los medios estudiantiles universitarios de esta ciudad se producían últimamente con bastante intensidad, acciones subversivas, tales como la distribución de propaganda clandestina, pintadas, manifestaciones, comandos, asambleas no autorizadas, al servicio de organizaciones clandestinas, con el fin de inquietar e impedir el normal desenvolvimiento del orden académico y del orden público ciudadano.

Ante estos hechos se extremó la vigilancia Se logró la identificación y la detención de 27 estudiantes considerados como activistas.... Los detenidos que pasaron a disposición de las autoridades formaban parte de las organizaciones subversivas PCE (i), y otros del PCE».

Cancho, en efecto, había sido detenido en su domicilio familiar del Barrio de San Pedro Regalado; se le requisó propaganda del PCEi, partido de extrema izquierda y antecedente inmediato del Partido del Trabajo, por lo que fue conducido a comisaría junto a Antonio Saldaña Carretero.

Estudiante de Magisterio nacido en 1952, Cancho era sobradamente conocido en los medios policiales de la época por su intenso activismo en la oposición estudiantil al Franquismo. Como miembro de la Joven Guardia Roja, organización juvenil del PTE, ya en julio de 1971 había sido detenido junto a Juan Francisco Muñoz San José, María Rosa Valentín San Basilio y José Serrano Vázquez por distribuir propaganda ilegal, siendo posteriormente condenado por el Tribunal de Orden Público a seis meses y un día de arresto menor y a 10.000 pesetas de multa.

Además, en 1972 participó en las movilizaciones universitarias contra la Ley General de Educación, por lo que resultó sancionado junto a otros 28 estudiantes por el rector de la Universidad de Valladolid. Hasta aquel 17 de enero de 1974, en el que los inspectores de policía José Antonio Benayas y Cipriano Bellver se personaron en su domicilio paterno con una orden de registro. Tras hallar propaganda ilegal, fue conducido al calabozo de la Comisaría de Policía.

Primero le conminaron a firmar un documento en el que reconocía pertenecer al PCE(i), a lo que Cancho se negó, por lo que acto seguido lo llevaron a las dependencias de la Brigada Político Social, en el piso tercero de la Jefatura Superior de Policía. A la mañana siguiente, después de un 'intenso' interrogatorio, ocurrió el suceso. Un telegrama de la policía, fechado el 18 de enero de 1974, señala: «A las 10 horas de hoy, en el momento de iniciarse interrogatorio en la Brigada político Social de la Jefatura Superior de Policía se lanzó por una ventana del segundo piso el elemento destacado del Partido Comunista Internacional José Luis Cancho Beltrán, nacido el 5.12.52 en Valladolid, soltero estudiante de 5 de magisterio».

Cancho ingresó en la Residencia Sanitaria «Onésimo Redondo» con «amnesia temporal, múltiples contusiones craneales, con las mandíbulas derecha e izquierda rotas y con las dos piernas rotas, una de las cuales, la izquierda, le tuvo que ser acortada en cuatro centímetros».

Frente a la interpretación de la policía, el herido sostuvo que había sido brutalmente torturado y lanzado por la ventana por los mismos inspectores que le habían apaleado. Así lo relataba en una entrevista concedida en agosto de 1977: «Me propinaron golpes con los brazos y con palos por todo el cuerpo. Me desnudaron desde los pantalones hasta arriba y me hacían andar en cuclillas por la sala con las manos esposadas entre las piernas. Cada vez que perdía el equilibrio recibía golpes por todo el cuerpo (…).El inspector Beneyas me agarró por el pelo y me dio un golpe contra la pared (…). Antes de las nueve de la mañana debí sufrir varios desmayos. Cuando recobré el conocimiento estaba en el hospital».

Cuatro meses después del suceso, Cancho presentó una querella contra cinco funcionarios del Cuerpo Superior de Policía por los supuestos delitos de asesinato frustrado y lesiones graves. En ese momento se encontraba interno en la Prisión Provincial de Valladolid a disposición del Tribunal de Orden Público. Dos años más tarde, concretamente el 18 de noviembre de 1976, la Audiencia Provincial de Valladolid dictaba auto de procesamiento contra los inspectores José Antonio Benayas, Cipriano Belver, Manuel Cinos y Manuel Díaz Arribas por un delito de coacción previsto y penado en el artículo 496 del Código Penal y una falta incidental de lesiones.

La declaración de un funcionario de policía que presenció los hechos explica que dicho auto detallase cómo el inspector Cinos «comenzó a golpear a don José Luis Cancho al propio tiempo que le amenazaba e insultaba, y como (…) los inspectores de Policía don José Antonio Benavas Junquera, don Cipriano Belver Azcona y don Manuel Diez Arribas, así como el inspector señor Cinos, bien juntos o separadamente, continuaron haciendo objeto de sevicias físicas y morales a don José Luis Cancho Beltrán, que durante todo el tiempo permaneció con las manos esposadas y los brazos hacia delante, soportando los malos tratos».

También señalaba que Cancho aprovechó un descuido de los inspectores, que habían abierto la ventana para airear la sala y hacer un receso en el 'interrogatorio', para lanzarse desde el tercer piso; finalmente, el auto acordaba la libertad provisional de los procesados, que habrían de satisfacer una fianza de 25.000 pesetas cada uno. Ninguno de ellos, sin embargo, sería juzgado, pues terminarían acogiéndose a la Ley de amnistía de octubre de 1977.