La lucha por la dignidad une a Extremadura

Presentación del Frente Cívico Somos Mayoría
en la Acampada de Mérida.

Se cumplen dos años de la creación del Campamento Dignidad. Desde su creación, la iniciativa ha ayudado a cientos de personas afectadas por la crisis.

Periódico DIAGONAL

10/02/14

20 de febrero de 2012, un grupo de personas acampa delante de una oficina del Servicio de Empleo de Extremadura, en Mérida. Perma­necerán allí ochenta días hablando con la gente que pasa por la oficina, conociendo sus problemas e intentando ofrecerles una solución. Así comienza la historia del Campa­mento Dignidad, un movimiento que lleva dos años luchando contra el desempleo y la precariedad en la comunidad extremeña. Los datos hablan por sí solos. Extremadura es la tercera región europea con mayor índice de paro, el 33%, y la quinta en desempleo juvenil, con un 61%. Los datos que maneja el Campa­mento Dignidad arrojan más cifras: 70 mil parados sin ningún tipo de prestación y 65 mil personas que acuden a bancos de alimentos para subsistir.

Las acciones se suceden semanalmente. Todos los lunes y miércoles, el campamento instala una mesa ante la oficina del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), donde asesoran gratuitamente a las personas que lo requieren y recogen firmas para las campañas que llevan a cabo. Los martes, los voluntarios acuden a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Comunidad de Extremadura, donde ayudan a la gente con problemas de vivienda o en riesgo de desahucio. Los viernes, celebran asambleas. Además, el movimiento Campa­mento Dignidad realiza entrega de alimentos, reuniones con los vecinos y convoca protestas y concentraciones.

Una de estas acciones fue el encierro que protagonizaron varias personas en la Concatedral de Santa María en Mérida, que comenzó el 23 de diciembre de 2013 y finalizó el 10 de enero de este año, el mismo día en el que se presentaron en la ciudad las Marchas de la Dignidad, que tendrán lugar en marzo y que culminarán con una gran manifestación en Madrid.

Hoy, el movimiento tiene, según datos aportados por sus integrantes, cerca de 12.000 euros en multas y 20 de sus miembros imputados con diferentes cargos: la ocupación ilegal de ‘Los Álamos’, una urbanización sin terminar de construir y abandonada, y de edificios públicos, así como manifestaciones y concentración ilegales.

La lucha por la renta básica

El movimiento fue también, hace dos años, precursor de la lucha por la Renta Básica Estatal. Esta iniciativa, que se está reclamando mediante una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) entregada en la Mesa del Congreso de los Diputados el 15 de enero, reclama el pago de una renta económica para todos los ciudadanos. El texto de la ILP fija la cuantía en el umbral de pobreza, actualmente 645 euros, y recoge una implantación en dos fases. En primer lugar para aquellas personas inscritas en el Servicio Público de Empleo que no reciben ninguna prestación de paro, que no disponen de otros ingresos o cuya renta sea inferior a la cantidad establecida. En su segunda fase, la renta básica se extendería hasta convertirse en un derecho universal. Hasta ahora, la Renta Básica Extremeña de Inserción, aprobada por la Junta de Extremadura en mayo del año pasado, ha sido concedida a 425 familias de las más de 18.000 solicitudes que se presentaron. «Vamos a presionar todo lo que podamos para que antes del 28 de febrero de este año la Junta se comprometa a pagar a 8.000 familias, 12.000 antes de que finalice 2014», comenta Manuel Cañada, miembro del Campamento Dignidad y de la Plataforma por la Renta Básica en Extremadura.

Las historias se suceden ante la puerta de la oficina del Sexpe. Isabel Vázquez está enferma de diabetes y es parada de larga duración. Tiene a su cargo tres hijos y tres nietos. Desde hace un año cobra 426 euros de la Renta Activa de Inserción (RAI), el último de los subsidios que existen en el Sistema Público de Empleo y que sólo se percibe cuando no existe derecho a ningún otro. «No puedo solicitar la renta básica extremeña, y la RAI se me acaba a finales de febrero», comenta. El caso de Isabel refleja la situación por la que están atravesando miles de familias. No puede acceder a la ayuda hasta que no se termine el subsidio que recibe actualmente, y la Administración puede tardar de seis meses a un año en comunicarle si le ha sido concedida. «No sé de qué voy a vivir», afirma.

Ésta es una de las muchas críticas que recoge el Campamento Digni­dad sobre la Renta Básica Extre­meña. En un escrito entregado al Gobierno de la Comunidad, sus miembros presentan una serie de alegaciones al texto que regula la ayuda. La problemática principal que denuncian es la dificultad para acceder a dicho subsidio por parte de, precisamente, aquellas personas que más lo necesitan.

Corrala Solidaridad

Otra de las ramificaciones del movimiento es la lucha por una vivienda digna y la paralización de los de­sahucios. Un ejemplo es la Corrala Solidaridad. Vecinos de la localidad de Almendralejo, cerca de Mérida, llevan ocupando desde el 13 de enero unos bloques de viviendas que desde 2005 se encuentran abandonados por la constructora. Hoy son diez las familias que habitan la corrala, aunque semanalmente se van incorporando más.

«Me decidí por esta situación porque no aguantábamos más», declara Elvira. Tiene 64 años y once personas desempleadas a su cargo. Es vecina de la Corrala Solidaridad desde hace un mes. Elvira reclama la necesidad de una vivienda digna, un derecho que, según sus propias palabras, «viene recogido en nuestra Constitución». De igual forma, pide la colaboración vecinal y explica que dentro de la corrala existen casos peores que el suyo, que hay gente que directamente «no tiene para comer ni beber», puntualiza.