El 25 de marzo de 1936, más de 60.000 campesinos ocuparon 3.000 fincas de grandes terratenientes. La acción pacífica fue legalizada por la República. La venganza llegó rápido: la matanza de la plaza de toros de Badajoz
Mª ÁNGELES FERNÁNDEZ / J. MARCOS
Eran las cinco de la mañana, el alba aún quedaba lejos, cuando miles de campesinos, azada en mano, se concentraron de manera sigilosa en centenares de pueblos de Extremadura. Corría el mes de marzo de 1936 y la reforma agraria durante siglos negada se materializó en una exitosa ocupación de tierras. Entre 60.000 y 80.000 personas, según las fuentes de la época, decidieron que ya era hora de voltear la realidad de Extremadura y poner la tierra en manos de quien la trabajaba, rompiendo así una gestión del territorio mediante latifundios dedicados al pasto que arrancó en el siglo XIII, con la mal llamada Reconquista.
Aquel 25 de marzo de 1936 es la «fecha identitaria del pueblo extremeño», para el escritor Víctor Chamorro. Aquel 25 de marzo de 1936 marcó un antes y un después no sólo en la historia de la región, sino también de España, aunque poco o nada se sabe de lo acontecido.
«Cuando los eruditos de la historia anden buscando el hecho que señaló el gran hito de la historia de España, algún dedo caerá, ciertamente, sobre nuestra Extremadura, la región en la cual se ha verificado la primera ocupación de tierras de forma multitudinaria», publicó el periódico Claridad, vivo entre 1935 y 1939. No ha sido así, la guerra civil y sus inicios especialmente cruentos en Badajoz, la represión franquista, la larga dictadura y el pacto de la Transición han silenciado un acontecimiento clave. De hecho, ni con el surgimiento de las autonomías con sus símbolos, estandartes y fiestas se ha recuperado la memoria de este momento y proceso. Ni tan siquiera como dato aparece en los libros de texto.
«1º: A las cinco de la madrugada del día 25 del actual, los campesinos de cada localidad se concentrarán sigilosa y rápidamente en diversos puntos de las afueras del pueblo; procurando todos ir provistos de azada y demás instrumentos propios para efectuar un deslinde. 2º: Efectuada la concentración, con el mismo sigilo y la misma actividad, emprenderán la marcha hacia las afueras de las fincas que deben ser incautadas. 3º: Ya en ellas se trazarán las lindes convenientes (…) 5º: Seguidamente, regresarán al pueblo y, una vez reunidos todos los grupos, se dirigirán ordenadamente al Ayuntamiento (…) 6º: (…) para hacer constar que la Clase Obrera acaba de tomar posesión de tales y cuales fincas en nombre de todos los vecinos del pueblo (…) 7º: (…) al siguiente día y en los sucesivos irán a las fincas incautadas todos los campesinos o una parte de ellos, a continuar la operación de deslinde y a comenzar la del cultivo adecuado…».
Ésta era la hoja de ruta de la ocupación, recogida en el libro La primavera del Frente Popular, del historiador Francisco Espinosa. Firmada en Badajoz el día 20 de marzo de 1936, alcanzaba nueve puntos en los que se instaba, entre otras cosas, a no causar daños en las fincas —a las incautadas porque ya son de los campesinos y al resto, porque lo serán algún día— y a oír con respeto a la autoridad.
Así, de manera sigilosa y ordenada, bajo la dirección de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (UGT), se tomaron 3.000 fincas en 280 pueblos de las provincias de Cáceres y Badajoz, las más grandes del país. Esta vez hubo victoria, triunfo, puños en alto y vivas a la República. Las derrotas anteriores habían sido abono para mejorar la acción.
Siglos de medievo
«Desde que Extremadura surge con este nombre, en el siglo XIII, hasta el siglo XX se perpetúa una Edad Media, un sistema de agricultura patriarcal, de dedicación de la tierra más a las hierbas que al grano, porque aquí se alimentan todas las ovejas de la Mesta de España, y los agricultores apenas tenían surcos y tenían que marcharse. Hasta el año 1936 en Extremadura se instala el medievo». Así resume Chamorro siete siglos. Aunque se debe incluir algún matiz en el relato: las desamortizaciones que supusieron la expropiación de los terrenos comunales que existían.
Esta semilla de desigualdad, retratada por novelas como Los santos inocentes, de Miguel Delibes, originó la huelga general campesina o de la siega de junio de 1934, que se saldó con 10.000 detenidos en Extremadura, según algunas fuentes, y 600 personas trasladadas a cárceles de fuera de la región. «De este precedente de derrota van a aprender mucho los jornaleros a la hora de plantear la siguiente lucha», apunta Manuel Cañada, activista social y una de las personas que con sus textos ha colocado la fecha en la agenda pública extremeña.
Aquel año, 1936, arrancó con un importante crecimiento del desempleo agrario, que coincidió además con una crisis económica y con un largo periodo de lluvias que impedía realizar las labores y, por tanto, acceder a un jornal, como recuerda el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEX), José Manuel Corbacho. A la dura situación y a las lecciones aprendidas hay que añadir la frustración por la lentitud en la aplicación de la Reforma Agraria, aprobada en 1932. Intensos ingredientes para el espeso caldo de cultivo de siglos de desigualdad e injusticia.
Entrada la primavera, en tiempo de floración y de inicio de la siembra, la tierra cambió de manos en Extremadura. Y el Instituto de la Reforma Agraria sólo pudo legalizar las ocupaciones. Los servicios provinciales del Instituto notificaron que se habían asentado yunteros y jornaleros en unas 70.000 hectáreas de la provincia de Cáceres y en unas 120.000 de Badajoz.
La guerra civil, la venganza
Poco duró el revolcón histórico y estructural. En julio de ese año se inició la guerra civil, siendo Extremadura una de las primeras comunidades controladas y desangradas por las tropas franquistas. El 14 y 15 de agosto fueron asesinadas y después calcinadas miles de personas en la plaza de toros de Badajoz. «Es la venganza de los señoritos, de los grandes terratenientes», sentencia Cañada, quien habla de investigaciones que confirman que muchos protagonistas del 25 de marzo fueron fusilados. La descripción es unánime.
«Buena parte de aquellos campesinos que participaron en las pacíficas ocupaciones de fincas de marzo del 1936 y en el proceso fueron asesinados o encarcelados por la represión franquista como castigo a su osadía, dado que existió una relación causa-efecto entre la participación activa en estas ocupaciones primaverales y la posterior represión fascista del verano», apunta, por ejemplo, el presidente de la ARMHEX. La historiadora Candela Chaves ha documentado que Badajoz es la segunda provincia más afectada por la represión franquista.
Mientras aún olía a quemado en la capital pacense, se produjo «la recuperación de las fincas por sus antiguos propietarios, poniendo de nuevo en marcha la antigua organización de los cortijos de forma mucho más dura y humillante para los trabajadores vencidos», se recoge en el libro Extremadura saqueada, publicado por Ruedo Ibérico en 1978.
Sin cambios
El resto, hasta hoy, es sabido: la falta de oportunidades obligó a emigrar a un 40% de la población en tan sólo 15 años, la renta per cápita es la más baja del país (16.166 euros, un 30,6% inferior a la media nacional), mientras las cifras de paro son las más elevadas de España (más de un 28%).
Y el silencio y el desconocimiento de esta reciente historia es lacerante: «Extremadura fue un foco de atención de los tratadistas de los fenómenos revolucionarios y de la antropología y sociología del campo. Y, sin embargo, con la llegada de la democracia todo esto pasó al olvido», apunta Víctor Chamorro, quien lleva 50 años novelando sobre la región, de manera incluso «tóxica», dice. Ahora, la recién creada Asociación 25 de Marzo está trabajando para generar un debate sobre la importancia del empoderamiento de la ciudadanía, de la identidad y, por qué no, de la redistribución de la tierra. «Esta es una región periférica en lo económico, social, cultural y político. El 25 de Marzo es un elemento constituyente de la identidad del pueblo extremeño, y tiene una capacidad de transformación social enorme», añade Cañada, quien fuera coordinador de Izquierda Unida en la región.
Han pasado 81 años de aquellas fechas en la que los ojos del mundo, a través de muchos corresponsales, estaban en Extremadura. Y las explotaciones sigue en las mismas pocas manos: la región sufre la «distribución más injusta de las tierras» de todo el Estado, afirma el estudio Estructura de la propiedad de la tierra en España. Concentración y acaparamiento, elaborado por la ONG Mundubat y la Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, publicado en diciembre de 2015.
Este informe dedica un especial interés a las situaciones de Galicia, por su estructura minifundista, y de Extremadura, por todo lo contrario. Los datos analizados demuestran que la media del tamaño de las explotaciones es de casi 41 hectáreas, un 83% más elevado que la media estatal. O recogen, por ejemplo, que 163 grandes fincas (de más de mil hectáreas) poseen cuatro veces más tierra que las 28.752 pequeñas fincas. Hay más: el 30% de la tierra sigue en manos del 1,38% de los productores.
«Debemos destacar que algunas de estas grandes propiedades están en manos de latifundistas en el más clásico sentido de la palabra: personas físicas, de grandes familias o empresarios de alto nivel, absentistas en cuanto que su residencia habitual, por supuesto, no está en Extremadura y que tienen esas fincas como valores suntuarios y no como fuentes de renta o empleo», recoge el documento.
En el pequeño aeropuerto de Talavera la Real (Badajoz), aterrizó en abril del año pasado Mohamed bin Rashid al-Maktum. El primer ministro de Emiratos Árabes Unidos y jeque de Dubái visitaba la tercera gran finca que ha comprado en la provincia Badajoz. El hecho no es aislado. «Ahora estamos viendo cómo los terratenientes extremeños se asocian a terratenientes extranjeros cuyas fortunas vienen del petróleo y que compran enormes extensiones de tierra extremeña», afirma Chamorro.
En febrero de 2015, el jeque Mansour al-Nahyan, dueño del club de fútbol Manchester City y hermano del emir de Abu Dhabi, invirtió en otra parcela pacense. Este jeque controla el fondo de inversión IPIC, dueño de la petrolera española Cepsa y también de parte de la eléctrica portuguesa EDP, entre otras compañías, como explican en su web. Los anteriores dueños, la familia Mora-Figueroa Domecq, son una de las mayores fortunas de España y también de las mayores beneficiarias de la Política Agraria Común (PAC). Pero esto daría para otro reportaje.
24 marzo 2017
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