El Supremo niega a la CGT el derecho al patrimonio que Franco expolió a la CNT

El tribunal avala el argumento según el que «no es heredera de la CNT» de los años 30, con el que el Gobierno de Zapatero le negó la posibilidad de recuperar parte del enorme botín que la dictadura hizo con las propiedades de la central anarcosindicalista

PÚBLICO

10/01/2017

La CGT «no es heredera de la CNT» de los años 30. El Tribunal Supremo ha cortocircuitado la posibilidad de que la Confederación General del Trabajo pueda recuperar una parte del patrimonio que el franquismo expolió tras la guerra civil a la Confederación Nacional del Trabajo al avalar la resolución en la que, con ese argumento, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya le negó el acceso en 2007.

La Sala Tercera del Supremo ha rechazado el recurso en el que 151 entidades y federaciones agrupadas en CGT le solicitaban que revocara el acuerdo por el que el Consejo de Ministros rechazó el 20 de abril de 2007 sus alegaciones contra la resolución por la que el Gobierno había resuelto, el 24 de noviembre de 2006, las solicitudes de reintegración y de compensación por el patrimonio sindical incautado por la dictadura. La sentencia cierra uno de los flecos de la peculiar relación que, entre rumores de reunificación nunca confirmados, mantienen las organizaciones anarcosindicalistas tras la escisión de 1979.

Entonces, los sectores de la militancia cenetista favorables a participar en las elecciones sindicales y en los órganos de representación laboral se escindieron en lo que más tarde sería la CGT, mientras la CNT histórica, partidaria de otras formas de acción sindical, mantiene su rechazo a esas vías. Esa escisión dio lugar a un pleito por la denominación oficial que el Supremo cerró en 1989, y el Constitucional zanjó tres años después, al otorgar la titularidad de las históricas siglas anarcosindicalistas a la central que entonces lideraba Vicente Villanueva.

Las siglas y los derechos

Sin embargo, una cosa era la asignación de las siglas y otra las aspiraciones para recuperar el enorme patrimonio que el franquismo intervino tras la guerra civil a la central anarcosindicalista, que en 1936 era, con más de un millón y medio de afiliados, el principal sindicato del país junto con UGT.

Tres décadas después de que el Estado regulara por ley la devolución de ese expolio, cuyo incumplimiento han constatado tribunales como la Audiencia de Zaragoza, CNT, que valora en unos 90 millones de euros los edificios incautados, sólo ha podido recuperar 16 inmuebles cuyo valor apenas suma 1,5 millones, muy inferior al asignado a organizaciones inexistentes en 1939 como el sindicato CCOO y algunas patronales.

Las federaciones de CGT sostenían en su demanda «que a fecha 13 de septiembre de 1936 y hasta 1989 estaban —o son ahora sucesoras de ellas— confederadas en la Confederación Nacional de Trabajo (CNT)». Sin embargo, el Supremo recoge los argumentos de la Abogacía del Estado, la UGT y la propia Confederación Nacional del Trabajo y avala la «interpretación jurídica» en la que el Gobierno central sostiene que «la CGT, como organización, no es titular de ningún derecho sobre el patrimonio sindical histórico que en su día hubiera pertenecido a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), ya que no es heredera de la CNT».

No obstante, algún indicio apunta a que la batalla jurídica puede continuar, ya que la CGT sostiene que el Gobierno le causó «una grave indefensión de relevancia constitucional» al obligarle a identificar los bienes que reclamaba en lugar de pronunciarse sobre su derecho a recuperarlos y, después, abrir un expediente para determinar cuáles le correspondían.

Más dificultades para los cenetistas

Por otro lado, el Supremo ratifica en la sentencia una doctrina que dificulta la recuperación del patrimonio expoliado por parte de la propia CNT: «Son las organizaciones sindicales, y no los entes de carácter sindical afiliados o asociados a ellas, las titulares de los derechos de reintegro y de compensación».

Es decir, que solo las centrales —aunque se trate de organizaciones federales— y sus sucesoras tienen personalidad jurídica para reclamar el patrimonio expoliado por el franquismo, tesis que impidió hace unos meses que la Federación Local Obrera de Sindicatos de La Coruña de CNT pudiera recuperar un céntrico edificio y la imprenta sindical de esa ciudad gallega.

Se da la particularidad de que la Federación Local Obrera de La Coruña, antecesora de la actual y propietaria de esas fincas desde 1932, es anterior a la CNT: fue creada en 1871, celebró su primer congreso en 1882 y se unió a la federación anarcosindicalista cuando esta fue fundada en 1910. Sin embargo, «no entendemos que la federación recurrente haya acreditado la independencia de la CNT», concluyeron los magistrados, que destacan cómo varios informes de organismos franquistas se refieren a la entidad como «afecta a la CNT».