Rafael Correa y el indigenismo

[Extracto de la entrevista al presidente ecuatoriano Rafael Correa para New Left Review que habla sobre los movimientos indígenas de su país y el trato que tiene con ellos, ya que algunos «izquierdistas» y «ecologistas», de por aquí y por allá, lo acusen de estar contra ellos en nombre del progreso, y lo único que hace es actuar por el bien común, el bien de todos los ecuatorianos y no sólo los indios, aunque sea un gobernante mal visto por estos lares liberaldemocráticos:]

Los movimientos indígenas ecuatorianos han hecho importantes contribuciones a la Revolución Ciudadana pero algunos, como CONAIE, se muestran muy críticos con su gobierno. ¿Cuáles son las principales diferencias entre ustedes y en qué ha pensado para solucionar estas desavenencias?

Hay que entender la relación de nuestro gobierno con el movimiento indígena a partir de tres momentos. El primero se ubica en la campaña electoral de 2006, cuando nuestra Alianza País hizo diversos acercamientos a la dirigencia indígena de Pachakutik para presentarnos juntos a las elecciones[1]. Hicimos esto a pesar de que sabíamos que el movimiento indígena estaba desprestigiado tras su participación en el gobierno de Lucio Gutiérrez, un coronel que llegó al poder en alianza con la izquierda y traicionó todos los principios en los que se basaba esa alianza: se proclamó como el mejor amigo de Bush, siguió apoyando el Plan Colombia, quiso firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, nombró a un banquero como ministro de Economía y siguió con el manejo neoliberal de la economía nacional. Pachakutik participó con cuatro ministros en el gabinete de Gutiérrez y, a pesar de que se retiró de la alianza siete meses después, varios dirigentes permanecieron en diversos cargos hasta el último día de ese gobierno. Después de esa experiencia, Pachakutik empezó a percibirse como un partido más del establishment.

A pesar de ello, como respetamos la trayectoria política del movimiento indígena, decidimos proponerles ir juntos, Alianza País y Pachakutik, en la papeleta presidencial, que encabezaría el candidato que tuviera más posibilidades de llevarnos al triunfo electoral (lo que definiríamos con ayuda de una encuesta nacional), mientras el otro ocuparía la vicepresidencia. No aceptaron, y algunos sectores se mostraron muy hostiles con nosotros tras ese acercamiento. Algunos dicen que la dirigencia indígena, tras su paso por el gobierno gutierrista, no estaba dispuesta a aceptar un candidato externo al movimiento; puede que sea así, pero yo creo que la dirigencia se estaba alejando de las bases y sabía que aceptar una colaboración con nosotros suponía abrir la agenda política. No aceptaron nuestra propuesta y ahí decidimos que el binomio sería con Lenín Moreno[2]. Fue una decisión que, vista cinco años después, parece muy atinada, porque el vicepresidente ha sido el segundo mandatario de todos los ecuatorianos y no sólo de un sector de la población. Su labor a favor de los discapacitados ha sido excelente y ahora es una figura muy querida en todo el país. En 2006, nosotros pasamos a la segunda vuelta con el multimillonario bananero Álvaro Noboa con casi el 23 por 100 de los votos, y Pachakutik obtuvo en esas mismas elecciones sólo un 2 por 100 de los votos. El pueblo ya no los veía como una fuerza capaz de disputar el cambio.

¿Y el segundo momento?

El segundo momento fue en 2007-2008, en la Asamblea Nacional Constituyente. Alianza País obtuvo 80 de los 130 curules de la Asamblea, una amplia mayoría por sí sola. Sin embargo, debatimos todos y cada uno de los puntos de la agenda indígena, pese a que Pachakutik tenía muy pocos asambleístas. Como parte de ese debate, declaramos el carácter plurinacional e intercultural del Estado ecuatoriano. Diez años atrás, en la Asamblea Constituyente de 1998, cuando Pachakutik obtuvo el 10 por 100 de la representación, no pudieron lograr esa declaratoria, cuando eran más fuertes. Nosotros, por el contrario, sabíamos de la legitimidad histórica de esa declaratoria y sostuvimos desde el primer día de la Asamblea la tesis de la plurinacionalidad. Eso no significaba, sin embargo, apostar por la fragmentación del Estado o por el fin de la unidad nacional. La idea siempre ha sido reconocer la diversidad y la diferencia para ser más integrados y cohesionados como nación, no para dar lugar a cualquier autonomía territorial que debilite el Estado nacional. De igual modo se reconocieron los derechos de la naturaleza, la posibilidad de formar circunscripciones territoriales indígenas, el derecho al agua como bien público y la misma idea de la democracia comunitaria.

Claro, los debates en la Constituyente fueron duros en diversos puntos. No aceptamos el consentimiento previo, un mecanismo por el que las comunidades debían autorizar al Estado en caso de que este quisiera usar los recursos estratégicos del país, y eso generó mucho descontento en sectores cercanos al movimiento indígena. Los recursos naturales son de propiedad pública, son bienes comunes, y no podíamos permitir que comunidades pequeñas, por más legitimidad histórica que tuvieran en los territorios, fuesen las que tuvieran la última palabra en materia de su uso. Finalmente, la Constitución incorporó la figura de la «consulta previa» que consta en el Convenio 169 de la OIT[3]. En todo caso, en el referéndum para aprobar la Constitución celebrado el 28 de septiembre de 2008, Pachakutik apoyó la tesis del «sí» y ganamos todos con el 63 por 100 del voto popular. A pesar de las diferencias con el movimiento indígena, fue posible compartir muchas tesis —la lucha contra el neoliberalismo, por ejemplo— y avanzar en el diálogo político. Eso fue lo que se acabó más tarde por la intransigencia de algunos de sus dirigentes y su visión parcelada del país. Nosotros gobernamos para todos los ecuatorianos y ecuatorianas y no podemos ceder a las presiones de minorías por justificadas que puedan parecer sus demandas.

El tercer momento se inicia en 2009 con las elecciones generales que se efectuaron en el marco de la nueva Constitución. Aquí vemos dos elementos. Por un lado, se consolidaron ciertas alianzas en determinados territorios con el movimiento indígena, por ejemplo en Imbabura y Chimborazo, dos territorios de elevada población indígena, Alianza País presentó candidatos provenientes de las organizaciones indígenas y triunfó holgadamente. En otros territorios las alianzas no se concretaron, pero establecimos diversas relaciones con dirigentes medios y con las bases indígenas; esa ha sido nuestra estrategia en vistas de la imposibilidad de dialogar con ciertos dirigentes indígenas. Por otro lado, desde 2009 se consolida una visión corporativa y poco flexible de la dirigencia del CONAIE. Ellos estaban acostumbrados a dictar «mandatos» que se supone que los gobiernos debían aceptar por el mero hecho de provenir de ellos. No asumen el debate democrático y no aceptan que cuando el pueblo elige a un partido para que gobierne lo hace en función del programa político que presentó. Ellos creen que sus mandatos son legítimos simplemente porque han sido víctimas. Eso no puede ser. En los debates sobre la Ley de Aguas, la Ley de Minería y otras leyes, se hace ya imposible debatir con Pachakutik. Su visión es fundamentalista y está muy influenciada por ONG extranjeras, con un discurso ecológico que no logra entender las grandes necesidades del pueblo ecuatoriano. El vicepresidente boliviano acaba de escribir un libro sobre cómo las ONG son corresponsables de la pérdida de soberanía estatal en amplios territorios de la Amazonía[4]. En Ecuador esa realidad no nos es ajena. En el caso de la Ley de Aguas estábamos de acuerdo en un 80 por 100 del cuerpo legal, pero ellos se cerraron en la idea de que el órgano estatal encargado de dirigir el sector hídrico del país debía estar compuesto sólo por comunidades, comuneros y juntas de agua. ¿Y la legitimidad democrática? ¿Cómo podemos tener un órgano público de regulación de un sector tan importante como el agua sin la presencia política del gobierno del Estado nacional? Aquí hay diferencias conceptuales: nosotros no somos corporativistas; la dirigencia indígena a menudo sólo quiere instituciones controladas por ellos, pero nosotros vamos más allá de esa visión fragmentada del Estado. El resultado fue que, al hacerle Pachakutik el juego a la oposición de derecha de la Asamblea, el Parlamento no aprobó la Ley de Aguas y hoy seguimos con la misma ley aprobada por los neoliberales en la década de 1990, es decir, una ley que no permite al Estado regular el sector hídrico. Esto es sólo un ejemplo. Hay otros en los que Pachakutik ha votado siempre con la derecha: no apoyaron la creación del ALBA, no apoyaron la vigencia del SUCRE ni la arquitectura financiera regional[5], acaban de abstenerse sobre el rechazo del escandaloso laudo arbitral emitido recientemente por el CIADI, que obliga al país a pagar más de 2.200 millones de dólares a la petrolera Oxy[6]. Por último, el 30 de septiembre de 2010, cuando hubo un intento de desestabilización democrática, la dirigencia indígena llamó a sus bases a movilizarse contra el presidente y contra su mandato democrático y constitucional. No es fácil dialogar en estas condiciones. Créame que a mí me pesa tal situación. Yo viví en mi juventud durante un tiempo largo en uno de los territorios indígenas más deprimidos del país. Ahí aprendí algo de kichwa, aprendí el rigor de la vida campesina indígena, hice alfabetización y trabajo político de capacitación a gente que ahora es dirigente de la CONAIE. Entiendo esa problemática y creo que podemos hacer mucho más por esos sectores, pero es difícil dialogar en tales condiciones de estrechez política de miras. Siempre he tratado al movimiento indígena de igual a igual, nada de infantilizar a los actores indígenas ni victimizarlos, como han hecho siempre las ONG y cierta izquierda paternalista, y eso significa que a veces puedo ser duro con ellos, como lo soy con cualquier otro actor. No compartimos la visión del problema indígena como un problema sólo de los indígenas que deba tratarse desde las instituciones indígenas. Ese es el enfoque del multiculturalismo neoliberal que proliferó durante la década de 1990 en América Latina. El problema indígena es de todo el Estado ecuatoriano, y todas las instituciones públicas deben contribuir a resolverlo independientemente de que sean o no dirigidas por indígenas. Desde esa perspectiva hemos dado grandes pasos a favor de la inclusión de los indígenas en la educación, la universidad, la salud, entre otros logros. Donde se han producido las mayores reducciones de la pobreza ha sido entre la población indígena. Pero nos queda mucho por hacer.

NLR, 77

(Noviembre/Diciembre 2012)

   NOTAS:

   [1] La CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) fue fundada en 1986 por más de una docena de organizaciones indígenas que incluían a representantes de la Sierra, la Amazonía y la Costa ecuatorianas. El Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP) fue el vehículo electoral lanzado por los indígenas y otros activistas en 1995; la palabra quechua pachakutik, que significa «cambio», «renacimiento», «transformación», fue el nombre de un gobernante inca del siglo XV y se empleó asimismo para designar la oleada de protestas indígenas que barrieron el país en junio de 1990.

   [2] Lenín Voltaire Moreno Garcés (1953), antiguo funcionario, quedó parapléjico en 1998 tras recibir el disparo de unos atracadores.

   [3] Referencia al Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, adoptado en 1989, Artículo 15, Cláusula 2, en la que se afirma que: «En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades».

   [4] Álvaro García Linera, Geopolítica de la Amazonía. Poder hacendal-patrimonial y acumulación capitalista, La Paz, 2012.

   [5] SUCRE (Sistema Unitario de Compensación Regional); divisa virtual y unidad de cuenta común adoptada por los miembros del ALBA y Ecuador en noviembre de 2008.

   [6] En octubre de 2012, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (International Centre for Settlement of Investment Disputes), un organismo del Banco Mundial, ordenó a Ecuador que pagara 1.770 millones de dólares a la compañía petrolera Oxy, más los intereses acumulados, por una disputa contractual de 2006; véase «Ecuador vs. US Oil: Quito loses a round», FT.com, 6 de octubre de 2012.