El Gobierno ha invitado a marcharse de España a seis miembros de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) que habían llegado a España para evaluar el derecho de reunión y manifestación en nuestro país con motivo de la marcha Jaque al rey. La OSCE ha emitido una dura nota de queja en la que ve con preocupación «las intenciones que puedan tener las autoridades» españolas al haber dado «este giro radical de manera sorprendente».
El ministerio de [Asuntos] Exteriores les comunicó esta mañana que considera anticonstitucional la manifestación y que lo mejor era que se fueran. Los seis observadores, entre los que está el subdirector de Derechos Humanos de la OSCE, Omar Fisher, pretendían reunirse con representantes de los ministerios de Exteriores e Interior, con la Defensora del Pueblo, la Delegación del Gobierno y los convocantes del Jaque al rey.
El propósito era evaluarnos después de las últimas actuaciones policiales durante protestas de este tipo. Fisher llegó ayer a la capital acompañado de Irina Urumova, asesora en derechos humanos de la institución y otros cuatro expertos: Aleksandra Dloubak, Bartlomiej Lipinski, Marcin Jezulin y Yevgenia Aretisova.
Pasadas las nueve de la noche, la OSCE publicaba en su web una nota en la que mostró su decepción por la decisión de las autoridades españolas. «Como cualquier miembro de la OSCE, España se ha comprometido a garantizar el derecho de reunión y el trabajo de los observadores es crítico para asegurar que se respeta la libertad», dijo el director de la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos, Janez Lenarčič, para quien resulta «sorprendente este giro radical» teniendo en cuenta que «nuestra oficina siempre ha tenido una buena cooperación con España».
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