Archivan la causa contra los titiriteros por enaltecimiento del terrorismo

Por BLOG DE RED JURÍDICA

Nos ha notificado el Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional un Auto de sobreseimiento provisional de la causa abierta contra Raúl y Alfonso, los Titiriteros. La noticia sin duda es positiva, si bien el archivo no es definitivo porque el Auto acuerda inhibirse a favor de los Juzgados de Instrucción de Madrid por la posible comisión de un delito de incitación al odio.

Aquí puedes leer el Auto íntegro: Auto sobreseimiento titiriteros

Recogemos a continuación algunos de los argumentos expuestos en el Auto por el Juez para archivar la investigación por el delito de enaltecimiento del terrorismo:

En los hechos a que se refieren las presentes actuaciones, por lo que respecta a la exhibición de la pancarta con la leyenda GORA ALKA­ETA, conforme se señalaba en resolución anterior recaída en este procedimiento, «cualquier persona que lea la expresión incluida en el cartel exhibido por los investigados "GORA ALKA­ETA" puede verificar que con las mismas, se está alabando o justificando bien a los autores de hechos terroristas o los propios hechos, sin que el hecho de que tal exhibición se lleve a cabo "bajo la cobertura" o "con ocasión" de la escenificación de una obra con guiñoles, pueda suponer por sí misma una despenalización de la referida conducta».

Dicho esto, ha de indicarse que efectiva y objetivamente tal hecho tiene encaje en el delito previsto y penado en el artículo 578 del Código Penal, como así se ha venido sosteniendo desde el inicio del procedimiento. Ahora bien, lo cierto es que, tras las iniciales actuaciones se han venido practicando una serie de diligencias, interesadas por la Fiscalía, las acusaciones populares y las defensas de los investigados, de las que se infiere que tal acto de exhibición de la pancarta, no obstante el contenido de la leyenda, teniendo en cuenta las circunstancias y los fines perseguidos por los investigados, no queda suficientemente acreditado que tal hecho reúna todos los requisitos necesarios para llegar a estimar debidamente justificada la perpetración del delito antes referido, habida cuenta del resultado de todas las diligencias practicadas en el procedimiento, pues los actos de "enaltecimiento o justificación" además de tener que estar dotados de una publicidad de cierta calidad y capacidad de incidencia es necesario que se inscriban en una línea clara de concreto apoyo a acciones específicas de carácter terrorista en sentido estricto, lo que no ha quedado debidamente justificado en el presente caso, pues no consta suficientemente acreditado el elemento intencional –doloso­ de elogiar, enaltecer, alabar o justificar la actividad terrorista o menospreciar o humillar a las víctimas de delitos terroristas o sus familiares.

Prescindiendo de cualquier hipótesis especulativa sobre cuál haya podido ser el auténtico propósito o la verdadera intención de los denunciados, aspectos intelectuales y/o volitivos que se albergan en lo más profundo de la mente y en ella quedan preservados, gracias a la garantía que otorga el artículo 24.2 de la Constitución, no cabe considerar que la exhibición de la pancarta citada, conducta que inicialmente podría constituir en sí misma el delito previsto en el artículo 578 del Código Penal, haya dado lugar a considerar suficiente y debidamente justificada la comisión de los actos típicos a que se refiere el reiterado artículo 578 del Código Penal, en el sentido de llegar a constituir efectivamente un enaltecimiento o justificación de los delitos de terrorismo tipificados en los artículos 571 a 577 del Código Penal o de quienes hayan participado en su ejecución, así como tampoco que aquéllas entrañen un descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de delitos terroristas o de sus familiares, precisamente por su condición de tales.

A tenor de lo anteriormente expuestos hay que concluir que de los hechos que han dado lugar a la formación de la causa no resulta debidamente justificada la perpetración del delito tipificado en el artículo 578 del Código Penal –Enaltecimiento del terrorismo­, determinante de la competencia de este Órgano Jurisdiccional, por lo que, conforme a lo dispuesto en el artículo 779.1.1a y 641.1o de la Ley de Enjuiciamiento Criminal procede acordar el Sobreseimiento Provisional y Archivo de las actuaciones en lo que respectaal citado delito.

Y, a continuación, reproducimos los argumentos para no archivar definitivamente la investigación por un posible delito de incitación al odio:

Sentado lo anterior hay que señalar que el conocimiento de los restantes hechos acaecidos, al margen de la exhibición de la pancarta en cuestión, por si fueran constitutivos de un delito tipificado en el Art. 510 del Código Penal, no corresponden a estos Juzgados Centrales de Instrucción y Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, pues no se hallan encuadrados en ninguno de los supuestos a que se refiere al respecto la LOPJ en su art. 65.1o, en relación con el artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que únicamente determinaría la competencia de este Juzgado Central de Instrucción la posible existencia de un delito de enaltecimiento o justificación de los delitos de terrorismo, tipificado en el artículo 578 del Código Penal, que de apreciarse la posible comisión de éste daría lugar a declarar la competencia para conocer también de aquellos otros que, aun sin estar encuadrados específicamente en el artículo 65.1 de la LOPJ fueran conexos con los que se señalan en el referido precepto penal, conforme a lo prevenido al efecto en el art. 65.1.e), párrafo segundo, de la citada LOPJ.

Por tanto, el juez acuerda su inhibición respecto de este último delito a los juzgados de Madrid, donde se deberá resolver sobre las peticiones de las partes respecto de la continuación del procedimiento o el sobreseimiento de las actuaciones.

En otro auto, el juez Moreno rechaza y archiva la querella presentada contra Alberto San Juan y Gloria Muñoz por haber representado de nuevo la obra La bruja y Don Cristóbal.

28 junio 2016

Comunicado CNTE

COMUNICADO

23 de junio 2016

El esfuerzo de miles de mexicanos de todos los sectores de la población, en particular de los trabajadores de la educación, que alzaron su voz para exigir un diálogo público y la intervención de la Comisión Nacional de Mediación (CONAMED), rinde sus frutos al instalarse la mesa de trabajo entre el Gobierno Federal y la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Los acuerdos de nuestras asambleas nacionales, fueron planteados categóricamente:

a) Abrogación de la mal llamada reforma educativa.

b) Una ruta para la transformación de la educación.

c) Medidas de distención y revisión de las consecuencias por la imposición de la reforma laboral administrativa.

Caso especial es la represión ejercida contra el pueblo oaxaqueño y los compañeros de la Sección XXII.

En este primer acercamiento, definimos establecer mesas de trabajo para discutir la agenda arriba planteada y revisar las respuestas de la Secretaría de Gobernación, el próximo lunes a las 18:00 horas, en una segunda sesión.

La valoración unitaria de la Comisión Nacional Única de Negociación es que, a pesar de haber logrado la interlocución bilateral, —situación relevante—, aún no entramos a la etapa de acuerdos concretos a nuestras demandas, por lo que no modificaremos nuestro plan de acción y no cambiaremos la ruta de acumulación de fuerzas al interior de la CNTE, y con nuestros hermanos de las organizaciones sociales, académicos, intelectuales y todos aquellos que estén dispuestos a luchar por la defensa de la educación pública.

Agradecemos infinitamente a los que nos han acompañado en esta jornada de lucha.

Al Gobierno Federal le exigimos honestidad y seriedad, para llegar a una salida responsable en beneficio de la niñez mexicana y nuestro pueblo.

Ratificamos nuestra voluntad política para llegar a soluciones en mesas de trabajo, y rechazamos rotundamente el uso de la fuerza, que sólo provoca encono y daña el tejido social.

Nuestro compromiso sigue siendo la defensa de la educación pública porque es un derecho de la niñez y juventud mexicanas.

Convocamos a todo el pueblo de México, a dar seguimiento al desarrollo y resultados de estas mesas de trabajo.

Nos comprometemos con los padres de familia, nuestros alumnos y nuestro pueblo, a defender con perseverancia la confianza que han depositado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

UNIDOS Y ORGANIZADOS, ¡VENCEREMOS!

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)

Comunicado Conjunto del Congreso Nacional Indígena y el EZLN sobre el cobarde ataque policíaco contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la comunidad indígena de Nochixtlán, Oaxaca.

DESDE LA TEMPESTAD

Comunicado Conjunto del Congreso Nacional Indígena y el EZLN sobre el cobarde ataque policíaco contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la comunidad indígena de Nochixtlán, Oaxaca.

Al Pueblo de México.

A los pueblos del Mundo:

Frente el cobarde ataque represivo que sufrieron los maestros, maestras y la comunidad en Nochixtlán, Oaxaca, —con que el Estado Mexicano nos recuerda que esto es una guerra contra todos y todas—; los pueblos, naciones y tribus que integramos el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, le decimos al magisterio digno que no está solo, que sabemos que la razón y la verdad están de su lado, que la dignidad colectiva con la que habla su resistencia es inquebrantable y ésa es la principal arma de los que de abajo somos.

Repudiamos la escalada represiva con la que pretenden imponer en todo el país la reforma neoliberal capitalista a la que llaman «educativa», principalmente en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán. Con amenazas, persecuciones, golpes, encarcelamientos injustos y ahora asesinatos se quiere doblegar la dignidad del magisterio en rebeldía.

Llamamos a nuestros pueblos y a la sociedad civil en general a estar con el magisterio que resiste en todo momento, a reconocernos en él, pues la violencia para despojarlos de garantías laborales básicas con el propósito de hacer privada la educación, es un reflejo de la violencia con la que nos están despojando a los pueblos originarios, a los pueblos campesinos y urbanos.

Quienes se regocijan en el poder decidieron que la educación, la salud, los territorios indígenas y campesinos, e incluso la paz y seguridad, son una mercancía para quien pueda pagarla, que los derechos no son derechos sino productos y servicios que se arrebatan, se despojan, se destruyen, se negocian según lo dicte el gran capital. Y esta aberración pretenden imponerla de una manera sangrienta; asesinando y desapareciendo a nuestr@s compañer@s, enviando a prisiones de alta seguridad a nuestr@s vocer@s, haciendo de la tortura descarada la mercadotecnia gubernamental y, con ayuda de los medios de comunicación de paga, equiparando con la delincuencia a lo más valioso de la sociedad mexicana, es decir a quienes luchan, no se rinden, no se venden y no claudican.

Exigimos el cese a la represión en contra del magisterio en lucha y la liberación inmediata e incondicional de TODOS los presos políticos.

Invitamos a todos los pueblos del campo y las ciudades a estar atentos y solidarios con la lucha magisterial, a organizarnos de forma autónoma para estar informados y alertas ante esta tormenta que cae sobre todas y todos, sabiendo que una tormenta, además de tempestad y caos, también hace fértil la tierra de donde nace siempre un nuevo mundo.

Desde las montañas, campos, valles, cañadas y barrios de los pueblos, naciones y tribus originarios de México.

¡Nunca más un México Sin Nosotros!

Congreso Nacional Indígena.

Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

México, a 20 de junio del 2016.

Fuente:  http://www.proyectoambulante.org/index.php/noticias/nacionales/item/6602-desde-la-tempestad-comunicado-conjunto-del-congreso-nacional-indigena-y-el-ezln-sobre-el-cobarde-ataque-policiaco-contra-la-coordinadora-nacional-de-trabajadores-de-la-educacion-y-la-comunidad-indigena-de-nochixtlan-oaxaca

Las razones económicas de la renta básica universal

 

TIERRA Y LIBERTAD
Nº 335 - JUNIO 2016

Sucede en el siglo XXI, aunque también en épocas precedentes, que la humanidad puede permitirse una amplia exención del trabajo fatigoso, peligroso, insalubre y rutinario pero que las instituciones financieras y de negocios impiden ponerla en práctica. Es indiscutible, y de hecho nadie lo discute, que las condiciones técnicas y los progresos científicos y tecnológicos alcanzados y aplicados a las actividades productivas permitirían minimizar gran parte del trabajo alienante, tanto en el plano de la energía física e intelectual cedida a otros para fines ajenos a quien la ejerce, como en el de sustracción de tiempo de vida y actividad creativa o agradable y en cualquier caso correspondiente a finalidades, exigencias y propensiones de quien realiza el trabajo. Quizá por ello, quienes propugnan la introducción y aplicación a gran escala de instrumentos como la renta básica universal son vistos y presentados como soñadores utópicos que están fuera de la realidad.

Se define la renta básica universal como una asignación de fondos cuyo único fundamento es la existencia con vida del sujeto perceptor. No es una retribución por la prestación de una actividad laboral ni una indemnización por la pérdida de un trabajo o por la imposibilidad de desarrollarlo por causas de orden individual o general, ni tiene naturaleza asistencial ni de previsión, ni se puede incluir entre las instituciones propias de la ley y de la lógica del cambio y del capitalismo. Tal forma de renta, en fin, supera las reglas del cambio y niega el fundamento mismo del capitalismo moderno, que ve en el trabajo la justificación moral del derecho de propiedad.

Es comprensible que una entrada concebida no como compensación por haber hecho o dado alguna cosa o por estar imposibilitado para hacerla o darla por causa de fuerza mayor, sino como derecho fundamentado sobre el mero hecho de existir como ser humano, pueda parecer a los guardianes de las esencias del capitalismo, más que radical y revolucionaria, destructor por antonomasia del orden establecido.

De hecho, al negar el principio del cambio, fundamento principal del capitalismo, pero también cualquier obligación o motivación de orden moral en la base del derecho a percibir una renta, rechaza los principios sobre los que se rigen las sociedades del capitalismo moderno surgidas de las revoluciones industriales y políticas que han aupado al poder a las clases negociantes y financieras.

Cuantos quieren parecer menos indispuestos respecto a la institución de la renta básica universal nos dicen que su práctica no es realizable todavía debido al ingente empleo de recursos que su adopción generalizada implicaría, mientras que su aplicación a escala limitada, circunscrita a alguna categoría con exclusión de las demás, implicaría una violación patente de cualquier principio elemental de igualdad.

Si bien parece fundada la objeción puesta a la introducción de privilegios reservados a algunas categorías sociales, que debe absolutamente ser evitada, no puede decirse lo mismo del argumento relativo al gasto que implicaría la adopción de la innovación institucional en cuestión.

No se puede negar que la renta básica universal, aplicada de forma generalizada y necesariamente también globalizada, es cosa del todo extraña al capitalismo moderno; pero esto, por suerte o por desgracia, según los puntos de vista, no significa que sea una amenaza para el capitalismo moderno.

En muchas ocasiones, la Historia ha demostrado, como en la crisis de 2007-2008, que ha sido necesario salvar el capitalismo de los capitalistas, pasando por encima de los principios y fundamentos morales puestos en discusión por la renta básica universal.

Por otra parte, no solo los salvamentos y las políticas gubernamentales y monetarias en tiempos de crisis ignoran la regla de la equivalencia del cambio y la del trabajo como fundamento del derecho de propiedad, sino también la habitual conducción de los negocios en tiempos considerados normales evidencia la incompatibilidad del fin de la magnificación del beneficio y de los réditos con el respeto a los principios considerados sagrados de la competencia, de la libertad de iniciativa y de la soberanía del mercado.

Todavía es más reseñable cómo la consecución del fin de la magnificación del beneficio y de los réditos implica despilfarro y uso antieconómico e irracional de los recursos controlados por las clases negociantes y financieras.

Todo lo despilfarrado y destruido para aumentar los beneficios y los réditos no sería con toda certeza inferior a la acumulación de los recursos si se emplearan para la creación de la renta nacional.

La diferencia estribaría en que lo despilfarrado para replicar dañina e inútilmente las capacidades productivas destinadas a quedar inutilizadas y sin demanda para los bienes producibles queda perdido para siempre, con el corolario de desgaste de los suelos y de destrucción y envenenamiento medioambiental, mientras que las rentas creadas en la peor de las hipótesis se traducirían en incremento de la demanda de bienes y servicios.

La introducción de la renta básica universal implicaría, no un aumento sino una minimización del despilfarro propio y natural del capitalismo, es decir, un cambio de destino sobre todo en sentido de prodigalidad y del consumo destructivo, contaminante e irreversible.

El cambio institucional inscrito en la inserción de un elemento no capitalista o incluso anticapitalista en las sociedades capitalistas modernas no constituiría por sí una fuente real de problemas e inquietudes.

El capitalismo siempre ha convivido con instituciones y organismos sociales extraños y contrarios y siempre ha encontrado la manera de servirse de ellos o de fagocitarlos, incluso de modificarlos para su propio beneficio.

Es más que probable que incluso la introducción de la renta básica universal acabe por revelarse como una innovación para nada revolucionaria, sino como el enésimo proyecto útil para perpetuar y aumentar réditos y beneficios.

Hay que subrayar que tal innovación institucional permitiría la liberación de facultades creativas e imaginativas no expresadas por falta de recurso y del tiempo indispensable para dedicar al ocio, a la reflexión, a la contemplación y a la elucubración, en apariencia sin importancia, de donde se deriva gran parte de las conquistas científicas y tecnológicas de la humanidad.

No es posible dudar de que de tales progresos las clases negociantes y financieras sabrán extraer oportunidades de expansión de sus beneficios y réditos.

Francesco Mancini

Los derechos de los animales y el «especieísmo»

DERECHOS DE LOS ANIMALES

Se han producido recientemente una serie de discusiones en torno al tema de la liberación de los animales y ello en conexión con los diversos movimientos de liberación actuales; de éstos, la gran mayoría son interhumanos (liberación de los oprimidos, sea en lo económico, en lo político, en lo nacional, etc.; liberación de la mujer…). El movimiento pro libertad de los animales es, por así decir, intra-vida, y se refiere a su independencia frente a la especie humana o a grupos de humanos que adoptan ―conscientemente o no― la actitud denominada «especieísmo».

Hay muy diversos ejemplos de la expresión o subyugación a que los animales se ven sometidos. En principio parece que estos ejemplos deberían incluir alguna acción que supusiera el alejamiento del animal de su hábitat natural, pero, de acuerdo con esto, domesticar animales sería opresión —y esto parece excesivo a muchos―. Y aun excluyendo el caso de los animales domésticos, hay muchas formas de tratar a los animales que suponen opresión o mal trato. Hay quienes piensan que sacrificar animales para alimentarse es injusto, ya que el hombre no es necesariamente carnívoro, y se puede obtener proteínas de otros alimentos. Otros aceptan que se coma carne siempre y cuando los animales sean sacrificados en condiciones que eliminen o reduzcan al máximo el dolor y el sufrimiento. Entre los que defienden la liberación de los animales, es común la negativa a que se les sacrifique para elaborar cosméticos —que pueden fabricarse con otras materias primas— o abrigos de piel, que consideran un lujo. También hay acuerdo frente a lo que supone el someterlos a experimentos —sean biológicos, médicos o de comportamiento―, ya que ninguno de ellos está bajo control estricto. Incluso cuando sea razonable utilizarlos para la experimentación biológica o médica, ha de hacerse bajo condición de que no sean atormentados.

El tema está en conexión con el de los derechos de los animales, ya que si alguien defiende su libertad es de suponer que cree que son sujetos de este derecho; se plantea la cuestión de si es al mismo nivel que el hombre, y en general la respuesta es negativa. Una cosa es que los animales sean sujetos de derechos, y otra muy distinta que lo sean en igualdad de niveles con el ser humano. Cada especie tiene sus características propias y sus correspondientes derechos, pero es importante determinar si hay o no unos derechos básicos, comunes al hombre y, al menos, a algunas especies ―como mamíferos y pájaros, por ejemplo—, y si estos derechos se fundan, en último término, en una igualdad básica que sería la «igualdad de los vivientes».

Jeremy Bentham (The Principles of Morals and Legislation, cap. XVII, sec. 1, nota al párrafo 4) manifestaba la opinión de que «puede llegar el día en que la población animal recupere esos derechos que nunca se le hubiesen arrebatado de no ser por la fuerza». Según Bentham esos derechos se apoyan en la noción de una característica común a hombres y animales. Si antes ―y ahora― se mantenía que la razón y el lenguaje distinguían al hombre del animal y le conferían derechos superiores, Bentham arguye que un perro adulto es más racional que un niño de un día, un mes e incluso un año, y que tampoco un idiota congénito se distingue por su racionalidad. La cuestión, para Bentham, no radica en la capacidad de pensar o de hablar, sino en la capacidad de sufrir. Si los animales sufren, al igual que los humanos, y uno cree que debe evitarse el sufrimiento, todo viviente tiene derecho a que no se le maltrate.

Hablando con propiedad, el sufrimiento es una manifestación, como el gozo, de la sensibilidad. Admite mejor la generalización esta característica de ser «sentiente», o capaz de sentir, que la de ser capaz de sufrimiento. De hecho, la mayor parte de los animales son —al igual que el hombre― realidades «sentientes».

De acuerdo con la teoría de Bentham, Peter Singer (Animal Liberation, 1975, pág.9 y sigs.) afirmaba que «la capacidad de sentir… es el único límite defendible en interés de los demás». La posible defensa de los animales deriva de su condición de sentiente. Por lo tanto, la simple aplicación del «principio de igualdad» sería, según Singer, suficiente para justificar la petición de no dañar —o dañar lo menos posible― a todo ser capaz de sentir, incluidos los animales. Ello no significa, como ya se ha dicho antes, que todos los seres con vida tengan el mismo valor, sino solamente que el «especieísmo» no constituye criterio suficiente para atentar contra la vida de nadie. En otras palabras ―y precisamente porque el ser humano se distingue de los otros vivientes―, no hay justificación para que los tratemos sin considerar sus intereses y derechos.

ESPECIEÍSMO

Se ha forjado este término, procedente de la palabra especie, para indicar la actitud humana según la cual la propia especie, o especie humana, es privilegiada respecto a otras especies, y posee derechos que las demás especies no tienen, o se supone que no deben poseer. El especieísmo es respecto a la especie humana entera lo que es el racismo a una raza determinada; ser especieista es ser un «racista humano».

El especieísmo es una versión del antropocentrismo cuando se interpreta a este como resultado de un juicio de valor sobre el hombre. Debe observarse que el especieísmo no es necesariamente sólo el reconocimiento de que todos los hombres constituyen una especie o de que su ser es «ser especie» en el sentido de Feuerbach. Este reconocimiento puede ser una superación de los intereses particulares de grupos particulares y, por tanto, una superación de todas las formas de racismo, nacionalismo, tribalismo, etc. Pero el reconocimiento del hombre como especie se transforma en un especieísmo cuando equivale a la negación de derechos a otras especies que a la humana.

Específicamente, los especieistas niegan los derechos de los animales y, en general, de todos los seres sintientes distintos del hombre.

El término se debe a Richard Ryder, que lo emplea en su artículo «Experiments on Animals» (en Animals, Men and Morals, 1971, ed. Stanley y Roslind Godlovitch, y John Harris, págs. 41-82). Según Ryder, «no hay ningún criterio simple que distinga entre las llamadas especies» (op.cit., pág. 81). Ryder pone de relieve que, ya que no se aceptan hoy discriminaciones en términos raciales: «Similarmente, puede ocurrir que llegue un momento en que los espíritus ilustrados aborrezcan el "especieísmo" tanto como ahora detestan el "racismo"» (loc. cit.).

JOSÉ FERRATER MORA

Diccionario de Filosofía de Bolsillo, 1983.

Una guerra por el petróleo

Por ANTONIO RUBERTI

Si se tuviera que hacer una estadística de las palabras más utilizadas por los medios de comunicación para describir la situación libia, seguramente encontraríamos a la cabeza «caos» (libio) y «avanza» (el Estado Islámico). Poco espacio viene por el contrario dedicado a otras dos palabras que ayudarían a explicar el presunto caos libio: «petróleo» y «gas».

Libia posee las mayores reservas de petróleo de África, las novenas del mundo. Se trata de una cifra imponente, cerca de 48.000 millones de barriles (alrededor del 3 por 100 del total de las reservas mundiales, según datos de 2009).

Si echamos un vistazo al mapa de Libia, vemos que los pozos petrolíferos (véase intereses franceses, británicos y norteamericanos, pero también chinos, rusos y brasileños) están concentrados en el área entre Bengasi y Sirte, donde se encuentran el 80 por ciento de las reservas conocidas de petróleo del país. El gas (léase intereses italianos) se encuentra por el contrario sobre todo en el mar al Este de Trípoli y en la región de Gadames, también al Este de la antigua capital.

Antes de la guerra de 2011, el mayor productor externo de petróleo era la italiana ENI con 24.000 barriles al día, extraídos en 2010; pero estaban también compañías americanas (Chevron, Exxon Mobil, Occidental Petroleum, Phillips) con 124.000 barriles al día, alemanas (BASF), 100.000, chinas (CNPC), españolas (Repsol), francesas (Total), británicas (BP) y rusas (Gazprom). Todas estas compañías tenían un contrato de colaboración con la compañía nacional libia, NOC, que por su parte producía alrededor de un millón de barriles al día. En la práctica, una parte de los beneficios de las multinacionales extranjeras eran ingresados en la NOC, es decir, en el Estado libio.

Esta colaboración con la NOC prosigue aún hoy, exactamente igual que durante el régimen de Gadafi, solo que hoy la NOC ingresa las cuotas del rédito petrolero tanto al gobierno de Tobruk («internacionalmente reconocido», como es definido) como al de Trípoli («islámico moderado», como nos advierten a menudo los medios de comunicación).

Gadafi acostumbraba a decir que a los occidentales, de Libia lo único que les interesaba era el petróleo. Tenía razón.

La guerra de 2011, como bien sabemos, fue deseada por los franceses, y los británicos se apresuraron a acompañarles con la esperanza no muy secreta de volver a entrar en Libia, de donde habían sido expulsados en 1969 por el golpe de los jóvenes coroneles.

En el otoño de 2011, los medios de comunicación franceses no completamente alineados estaban llenos de artículos que denunciaban el papel guerrero de la Total, que hasta ese momento jugaba un papel marginal entre las compañías extranjeras (apenas 55.000 barriles extraídos en 2010). «Entre los agentes franceses infiltrados entre los rebeldes de Bengasi había representantes de la Total», denunció el diario Libération, que reveló también los términos del acuerdo suscrito: los franceses habrían apoyado la rebelión a cambio de la promesa de entregar a la Total el 35 por 100 de las concesiones petrolíferas.

El objetivo era, sin duda, quitar de en medio a la embarazosa figura de Gadafi (que en 2009 había anunciado el proyecto de nacionalizar completamente el sector petrolero) pero el fin último era también arrebatar al ENI una tajada de sus concesiones petrolíferas. Italia, renuente, se posicionó de forma diferente a Alemania, que apoyaba los bombardeos de la OTAN. Los mismos americanos pronto se echaron atrás; una vez liquidado Gadafi, a ellos de Libia no les interesaba nada. Exactamente como ahora.

Pero volvamos a la actualidad. Fracasado el cómico intento de constituir-imponer un gobierno de «unidad nacional» (se podría ironizar con que «se habían olvidado de avisar… a los libios»), los nuevos colonialistas están llevando adelante cada uno su propia estrategia, a menudo en contraste entre ellos. Así, se ha «descubierto que en Libia están las fuerzas especiales francesas y británicas que adiestran a los combatientes del general Haftar y a la milicia de Misurata respectivamente».

También están los americanos, naturalmente, igualmente de parte de Tobruk. Los italianos, como hemos dicho, son pocos, pero pronto llegarán una cincuentena de paracaidistas. Los italianos deberán tomar posiciones en la región de Trípoli (donde el ENI tiene el control del gasoducto de Mellita). De hecho, los italianos van a Libia a proteger los intereses del ENI de… ¡franceses y británicos!

El riesgo concreto es que se llegue a un fuerte contraste entre las potencias europeas: los franceses adiestran a las tropas de Haftar, que está reconquistando Bengasi. El siguiente paso será asegurar el área petrolífera, ahora en manos de milicias independentistas tanto del gobierno de Tobruk como del de Trípoli, pero que responden a la NOC y a las compañías petrolíferas extranjeras, entre ellas la Total. La ambición de Haftar, apoyado por franceses y americanos (además de por los Emiratos Árabes Unidos y por Egipto) es reconquistar Trípoli —donde estarán los italianos— cuyo gobierno está aliado con la ciudad-Estado de Misurata (donde están los británicos). Trípoli está claramente apoyada por Qatar y Turquía. Hay que subrayar que estos últimos apoyan de hecho al EI libio, como han hecho con el sirio-iraquí.

Y después, naturalmente, está el EI (o Daesh o Califato o ISIS) que, si hacemos caso a los medios de comunicación del régimen, es la causa de la intervención. Asentado en Sirte y sus alrededores, efectúa incursiones sobre todo en la vecina zona petrolífera, intentado hacer el mayor daño posible y tener una gran visibilidad, que los medios de comunicación occidentales están encantados de proporcionarle. En Sirte, último bastión de Gadafi, el EI ha llenado un vacío producido por la incapacidad libia de ofrecer un futuro a esta ciudad. La ocupación de Sirte no se ha producido pacíficamente: en octubre el EI ha ahogado en sangre una revuelta. No se ha dicho que el control de la ciudad sea tan férreo como la propaganda del EI quiere hacer creer. En cualquier caso, es cierto que el EI no «avanza» como pretenden hacernos creer los medios de comunicación.

En realidad, como ha demostrado lo ocurrido en Siria, las potencias occidentales no tienen ninguna intención de eliminar al EI, que ha servido y sirve como pretexto para llevar a cabo misiones militares encaminadas a redistribuir las zonas de influencia y el control de las áreas petrolíferas. La política externa la hacen el ENI, la Total, la BP, la Exxon y las otras multinacionales, y durará —se ha dicho— al menos treinta años, es decir, hasta que ya no quede petróleo ni gas que rapiñar.

Las guerras «humanitarias» son hoy sustituidas por operaciones militares de «estabilización», una manera refinada de definir los nuevos colonialismos. A pequeños pasos están entrando en guerra. Una guerra por el petróleo. La enésima guerra por el petróleo.

Tierra y Libertad

Nº 334 - Mayo 2016 

Un tribunal avala el derecho de CNT a recuperar el patrimonio que le expolió Franco

La Audiencia de Zaragoza absuelve a un militante de 'okupar' un local de la Seguridad Social en una sentencia que denuncia el retraso de tres décadas que lleva el Estado en «la reparación de las expropiaciones de 1939» la central anarcosindicalista

PÚBLICO

ZARAGOZA.- «La CNT a día de hoy no disfruta de ninguna cesión en usufructo de locales de PSA en Zaragoza, pese a ser éste su derecho de conformidad con la Ley 4/1986, de 8 de enero, de cesión de bienes del Patrimonio Sindical Acumulado y de acuerdo con la doctrina que el Tribunal Constitucional viene sentando al respecto». La Audiencia Provincial de Zaragoza ha avalado, en una histórica sentencia, el derecho del sindicato a recuperar los bienes que le incautó el franquismo tras la Guerra Civil.

El tribunal ha revocado una resolución del Juzgado de lo Penal número 5 de la capital aragonesa y ha absuelto a uno de sus miembros, P.A.V., defendido por el abogado Ramón Campos, del delito de usurpación de inmueble ('okupación') por el que había sido condenado a una multa de 720 euros. La Policía le identificó en un local de la Seguridad Social del barrio de San José en el que, entre mayo de 2014 y febrero de 2015, el sindicato habilitó durante nueve meses un centro social en el que atendía a sus militantes, celebraban asambleas sus secciones sindicales y se organizaban actividades vecinales.

P.A.V. «sabía perfectamente que el local no era del sindicato ni tenían autorización de su propietario para utilizarlo», señala la Audiencia, que, al mismo tiempo, recuerda que «la CNT viene reclamando la devolución de bienes por parte del Estado» desde que la Ley de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado puso en marcha en 1986 «un movimiento para la reparación de las expropiaciones de 1939». Esa norma, que en enero cumplió 30 años, «obligaba a la devolución de los bienes incautados y el derecho a la cesión y uso de inmuebles por parte de los sindicatos».

30 años sin apenas compensación por el expolio franquista

«La CNT ha seguido reclamando a día de hoy la devolución de su patrimonio histórico», añade la resolución, que absuelve a P.A.V. en aplicación del «principio de intervención mínima» del Derecho Penal.

La sentencia recuerda, «aunque no pueda tomarse como exculpatorio», otro hito judicial en la lucha de la CNT por recuperar el patrimonio que le arrebató el franquismo: la ocupación en Madrid, «en la década de los 90», del Consejo Económico y Social, «organismo entonces encargado de la repartición del patrimonio sindical acumulado». «En el año 2004 se llegó a un acuerdo entre la fiscalía y la CNT por el cual el centenar de procesados por dicha ocupación quedaban libres sin cargos», anota.

La CNT, el principal sindicato español en 1936 junto con UGT, lleva tres décadas reclamando el mismo trato que esa organización y otras como CCOO y distintas patronales, inexistentes hace 80 años, han recibido del Estado. La central anarcosindicalista valora en 90 millones de euros los edificios que reclama, a los que se suman otros bienes como los más de 30 millones de pesetas depositados en sus cuentas al acabar la guerra civil. Sin embargo, y pese a la ley, el Estado apenas le ha compensado por ese expolio: 1,5 millones de euros por nueve locales en 1986 y siete inmuebles en 1999.

En el caso de Zaragoza, lleva décadas reclamando la entrega del local de la Seguridad Social, que lleva cinco años sin uso con la excepción de los nueve meses que fue ocupado, y el edificio del barrio de Delicias que entre 1936 y 2008 albergó el geriátrico de San Jorge, y en cuyo estado de ruina se basó la absolución de los sindicalistas que intentaron reabrirlo como centro social en 2013. «No consta que los acusados tuvieran conciencia de que okupaban de forma ilegítima el referido espacio», señaló entonces el juez.

El Ministerio de Empleo ha sacado a subasta en dos ocasiones el geriátrico, la decisión sobre cuya entrega al sindicato está en manos de la Audiencia Nacional. Sus 3.200 metros cuadrados fueron tasados inicialmente en tres millones. Sin embargo, si nadie se hace con él en la tercera y a cuarta puja, en las que los precios de salida serán de 2,1 y 1,7 millones, el Gobierno central podrá enajenarlo por adjudicación directa. Por un precio menor y teniendo en cuenta que su fachada no se puede reformar por haber sido declarada Bien de Interés Cultural (BIC).

Mínima intervención del Derecho Penal

La sentencia inicial de P.A.V., que redujo de seis a cuatro meses el periodo de multa que solicitaron tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, ya absolvió a la CNT de pagar los 1.476 euros que le reclamaba la Seguridad Social por gastos de comunidad, luz y agua de esos nueve meses al considerar que «dichos gastos no se han acreditado al no constar factura o recibo alguno que evidencie la realidad de los mismos y por quién fueron satisfechos».

Ahora, la Audiencia ordena modificar los hechos probados de la sentencia para indicar que la ocupación del local se produjo «después de haberse solicitado reiteradamente por parte de la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT) al Estado la cesión de locales del Patrimonio Sindical Acumulado», y tras haber notificado por escrito a la Delegación de Gobierno y el Ministerio de Empleo que pasaba a «gestionar el local», que se encontraba «desde 2011 en estado de abandono», en una actuación que se enmarca «dentro de las sucesivas reclamaciones» para recuperar el PSA «que tanto respecto a la ciudad de Zaragoza como a otras localidades del Estado español se vienen haciendo por parte de nuestra organización».

De hecho, recuerda la sentencia, el sindicato pidió permiso para poder utilizar el inmueble en usufructo, con lo que habrían dado por saldadas «cuantas obligaciones tiene el Estado con dicha organización en materia de PSA en la ciudad de Zaragoza», y proponía que, si la Administración optaba por otro edificio, se inclinara por «uno que reúna las condiciones de ubicación de la ciudad (razonablemente céntrico) y metros útiles necesarios para albergar un local sindical, negociándose previamente tal medida con la organización que suscribe en la medida de lo posible».