Pase sanitario, una barbarie inaceptable

 

Por GIORGIO AGAMBEN

Como ocurre siempre que se instaura un régimen despótico de emergencia y las garantías constitucionales quedan suspendidas, el resultado es ―como ocurriera con los judíos bajo el fascismo― la discriminación de una categoría de hombres, que se convierten automáticamente en ciudadanos de segunda clase. Este es el objetivo de la creación del llamado en Italia «green pass», «pase sanitario» en Francia o «pasaporte sanitario» en España. Que se trata de una discriminación basada en convicciones personales, y no en una certeza científica objetiva, lo demuestra el hecho de que en los círculos científicos se sigue debatiendo sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas, que, según la opinión de médicos y científicos a los que no hay razón para ignorar, fueron producidas de forma precipitada y sin una fase de experimentación adecuada.

A pesar de ello, todos aquellos que se aferren a su libre y fundada convicción y se nieguen a vacunarse serán excluidos de la vida social. El hecho de que la vacuna se convierta de este modo en una especie de símbolo político-religioso cuyo fin es discriminar a los ciudadanos queda patente en la irresponsable declaración de un político que, refiriéndose a quienes no se vacunan, dijo, sin ser consciente de estar utilizando una jerga fascista: «los purgaremos con el pasaporte sanitario». El «pasaporte sanitario» o green pass convierte a los que carezcan de él en portadores de virtuales estrellas amarillas.

Se trata de un hecho cuya gravedad política no se puede desdeñar. ¿En qué se convierte un país en cuyo seno se acaba creando una clase discriminada? ¿Cómo se puede aceptar convivir con ciudadanos de segunda clase? La necesidad de discriminar es tan antigua como la propia sociedad, y no cabe duda de que ciertas formas de discriminación ya estaban presentes incluso en nuestras sociedades llamadas democráticas; pero que estas discriminaciones sean de facto sancionadas por la ley constituye una barbarie que no podemos aceptar.

En los párrafos precedentes hemos mostrado la injusta discriminación de una clase de ciudadanos excluidos de la vida social normal, discriminación derivada de la introducción del llamado green pass o pasaporte sanitario. Esta discriminación es una consecuencia necesaria y calculada, pero no es el objetivo principal de la introducción del pasaporte sanitario, que no está dirigido a los ciudadanos excluidos, sino a toda la población que posea dicho pasaporte sanitario.

En realidad, el objetivo de los gobiernos es instaurar, mediante el pase sanitario, un control minucioso e incondicional sobre todo movimiento de los ciudadanos, de modo casi idéntico al pasaporte interno que debía tener todo ciudadano para poder desplazarse de una ciudad a otra en el régimen soviético. En este caso, sin embargo, el control es aún más absoluto, porque afecta a cualquier movimiento del ciudadano, que tendrá que mostrar su pasaporte sanitario en cada uno de sus pasos, incluso para ir al cine, asistir a un concierto o sentarse a la mesa de un restaurante.

Paradójicamente, el ciudadano que no posea el pasaporte sanitario será más libre que aquel que lo posea, y debería ser la propia masa de ciudadanos con pasaporte sanitario la que habría de protestar y rebelarse, ya que a partir de ahora serán censados, vigilados y controlados hasta un grado que carece de precedentes incluso en los regímenes más totalitarios. Resulta significativo que China haya anunciado que mantendrá sus sistemas de rastreamiento y control incluso después de que la pandemia haya terminado. Como ya debería ser evidente, en el green pass lo que está en juego no es la salud, sino el control de la población, y tarde o temprano hasta los ciudadanos con pasaporte sanitario tendrán la oportunidad de comprenderlo, mal que les pese.

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